En pleno 2024, en un contexto donde la erradicar el bullying y la búsqueda de equidad de género son temas centrales, surge un caso alarmante en el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC). Jocelyn Valdez, ex empleada de esta institución, enfrentó acoso laboral mientras desempeñaba sus funciones.
A pesar de tener un embarazo de alto riesgo, se le otorgó una incapacidad, pero debido a su compromiso con la institución y al encontrarse en medio del proceso electoral, decidió continuar trabajando toda vez que había informado a sus superiores de la situación que vivía, asumiendo que la carga laboral sería manejable y dentro de lo normal.
No es la primera vez que se denuncian abusos y prácticas de justicia selectiva dentro del IEEBC. En meses anteriores, hemos sido testigos de situaciones relacionadas con fondos turbios que se han pasado por alto. Sin embargo, resulta inaceptable que no se respete y se vulnere la salud de quienes colaboran en esta entidad, poniendo en riesgo tanto el embarazo de Jocelyn como su propia vida.
Jocelyn se sintió acosada, marginada y señalada. En lugar de distribuir equitativamente las tareas propias del cargo entre los compañeros, se le asignó una carga de trabajo excesiva así como jornadas laborales extenuantes. Además, tuvo que soportar actitudes machistas en su entorno laboral, lo que agrava aún más la situación.
Resulta irónico que el IEEBC, que debería ser un defensor de los derechos de la mujer, permita este tipo de comportamientos. Es fundamental que se tomen medidas concretas para garantizar un ambiente laboral justo y seguro para todos, independientemente de su género.
Es imperativo que las instituciones promuevan la igualdad de género, respeten los derechos laborales y protejan la salud de sus empleados y colaboradores. El buen juez, como dice el refrán, debe empezar por su propia casa, y el IEEBC no debería ser la excepción.
