Internacional.- En las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, las denuncias de irregularidades han marcado el proceso electoral, con fuertes acusaciones y reacciones tanto nacionales como internacionales. La oposición venezolana, liderada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha señalado múltiples irregularidades que, según ellos, socavan la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
Delsa Solórzano, dirigente opositora, ha denunciado que los funcionarios chavistas han retenido las actas de escrutinio en numerosas mesas de votación y se han negado a entregarlas a los testigos del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Además, en varios centros electorales, los representantes chavistas han detenido la transmisión de las actas al Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo encargado de organizar los comicios y dar los resultados oficiales.
Solórzano también informó que ella y otros delegados de la PUD, como Perkins Rocha y Juan Carlos Caldera, fueron impedidos de ingresar al CNE, a pesar de su rol oficial como representantes de la oposición. Estas acciones, según Solórzano, forman parte de un patrón destinado a ocultar los verdaderos resultados de las elecciones, en las que el presidente Nicolás Maduro busca su reelección.
El experto en materia electoral Eugenio Martínez sostiene que los resultados enunciados por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, tienen “problemas básicos”. Martínez explica que el escrutinio y la verificación de los votos son actos distintos, siendo este último presenciado por la ciudadanía. El acceso a esta información es fundamental para garantizar la revisión posterior de los resultados de las elecciones.
Asimismo se denunció que en vísperas de las elecciones hubo reporte de numerosas incidencias por la persecución, la amenaza, detención y agresiones físicas y psicológicas contra líderes de la oposición, testigos de las mesas de votación, a la mayoría de quienes se les prohibió ingresar a la instalación de las mesas electorales, porque los funcionarios del Plan República tenían la orden de no permitir el ingreso de opositores, ignorando la credencial que les da ese derecho.
El gobierno venezolano, por su parte, emitió un comunicado denunciando una “operación de intervención” en sus elecciones presidenciales, acusando a nueve países latinoamericanos y a políticos de ultraderecha de intentar desvirtuar el proceso electoral. Entre los acusados se encuentran los exgobernantes de Colombia, Argentina y Costa Rica, así como los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también se sumó a los llamados de transparencia, mientras que el presidente argentino Javier Milei advirtió que su país no reconocerá otro fraude.
Según la administración de Nicolás Maduro, estas denuncias buscan desestabilizar el país y no reflejan la realidad de un proceso electoral llevado a cabo en paz y con espíritu cívico. El CNE, dominado por chavistas, anunció que con el 80% de los votos escrutados, Nicolás Maduro obtuvo el 51.2% de los votos, mientras que el candidato opositor Edmundo González Urrutia consiguió el 44.2%.
Las reacciones internacionales han sido diversas y contundentes. Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU., expresó serias preocupaciones sobre la validez de los resultados. Javier Milei, presidente de Argentina, insistió en no reconocer un fraude y pidió a las Fuerzas Armadas que defiendan la democracia.
Gabriel Boric, presidente de Chile, llamó a la transparencia total en el proceso.
En la embajada de Venezuela en México, los migrantes venezolanos vivieron una transición emocional desde la esperanza hasta la desilusión al conocerse los resultados oficiales. Muchos expresaron su frustración y rabia ante la perspectiva de un tercer mandato consecutivo para Nicolás Maduro.
