Ciudad de México.- La Cámara de Diputados de México aprobó en la madrugada del 10 de octubre una reforma constitucional que modifica sustancialmente la estructura y funcionamiento de la industria energética del país. Esta reforma, impulsada por la bancada de Morena y sus aliados, busca devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) su estatus de empresas públicas, eliminando la denominación de “empresas productivas” que les fue conferida durante la reforma energética de 2014.
El proceso de aprobación se desarrolló en un ambiente de intenso debate, que incluyó la discusión de 261 reservas, de las cuales varias fueron desechadas. La modificación más significativa fue la eliminación de un párrafo del artículo 27 de la Constitución que asignaba al Estado la responsabilidad exclusiva de la transición energética, lo que generó críticas por parte de la oposición, quienes argumentan que esta decisión implica un retroceso en los compromisos ambientales del país.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la reforma como un paso necesario para revertir los efectos negativos de la reforma energética de 2013, que permitió un mayor control de empresas privadas en el sector energético. Según Sheinbaum, esta nueva legislación busca fortalecer la soberanía energética de México, asegurando que las empresas del Estado, como la CFE y Pemex, prioricen el interés público y la accesibilidad de la electricidad para todos los ciudadanos.
El proyecto de reforma fue aprobado con un respaldo notable: 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención. La eliminación del párrafo que hacía responsable al Estado de la transición energética fue defendida por los morenistas, quienes argumentaron que la carga no debería recaer únicamente en el gobierno, sino que también las empresas privadas deben contribuir a la transición hacia energías más limpias. Esta postura se enmarca dentro de un contexto más amplio de reestructuración del mercado energético, que busca dar prioridad a las empresas públicas sobre las privadas.
Durante el debate, se expresaron preocupaciones sobre la posible creación de un monopolio público, aunque los defensores de la reforma señalaron que el objetivo es garantizar el acceso a la energía a precios justos y asegurar la seguridad energética del país. La CFE se propone generar al menos el 54% de la electricidad, dejando un 46% a las empresas privadas, un marco que tendrá que ser definido en leyes secundarias.
Los críticos de la reforma, incluidos miembros de la oposición, advirtieron que este cambio podría afectar los principios de competencia y podría tener repercusiones en los tratados comerciales internacionales que México ha suscrito. Resaltaron que los intentos anteriores de estatización del sector energético no han producido resultados positivos, citando pérdidas significativas en las finanzas de la CFE como un ejemplo de los desafíos que enfrenta la empresa.
Adicionalmente, la reforma aborda la explotación de litio y la regulación del servicio de internet, estableciendo que estos recursos no serán concesionados a empresas privadas, enfatizando la intención del Estado de controlar áreas estratégicas para el desarrollo nacional.
