Baja California.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), Leopoldo Tizoc Durán Aguilar, informó sobre la remoción de 269 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente por el crimen organizado en el estado, una medida que surge en medio del tercer informe de actividades del gobierno estatal. De este total, 188 cámaras fueron retiradas en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali; sin embargo, hasta el momento, no se ha iniciado una investigación formal sobre el caso.
Durán Aguilar reconoció que la falta de una denuncia formal para abrir un proceso investigativo es un error que asumirá como tarea pendiente, ya que estos dispositivos constituyen un delito. “Procedimos a retirarlas y obviamente no le aplicamos la acción de investigación porque es la constitución de un delito y estoy consciente”, expresó el secretario.
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En cuanto a la infraestructura de videovigilancia del estado, el secretario detalló que actualmente Baja California cuenta con un total de 6,347 cámaras, de las cuales 4,000 son estatales, 1,797 municipales y 550 pertenecen a la iniciativa privada. No obstante, 129 de estas cámaras no están operativas, y diez cámaras en Playas de Rosarito se reportaron como extraviadas.
Con miras a expandir y mejorar el sistema de videovigilancia, el SSCBC se encuentra en proceso de firmar un convenio con Index Mexicali para la incorporación de 600 cámaras adicionales del sector privado al sistema estatal. Esto permitirá acercarse a la meta de integrar 6,000 cámaras privadas para el año 2027, en conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo.
El secretario también destacó algunos resultados obtenidos gracias a la videovigilancia y al uso de tecnología de identificación con inteligencia artificial, que ha permitido recuperar 250 vehículos robados y detener en flagrancia a 302 personas por distintos delitos. Asimismo, el SSCBC ha brindado apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE) en 1,355 ocasiones en investigaciones criminales relacionadas con el uso de cámaras.
Respecto a la justicia cívica, Durán Aguilar subrayó la necesidad de que todos los municipios cuenten con programas de conciliación para resolver conflictos menores, como disputas vecinales o infracciones de bajo nivel, que, de no tratarse, podrían escalar a delitos mayores. Actualmente, solo Playas de Rosarito y Ensenada cuentan con programas de justicia cívica, aunque este último no ha podido operar su sistema por falta de presupuesto.
Finalmente, la diputada Daylín García Ruvalcaba mencionó que Mexicali dispone de una sala de Justicia Cívica en el Poder Judicial, aunque esta aún no ha iniciado operaciones.
