Un nuevo video que circula en redes sociales vuelve a exhibir los mecanismos con los que opera el poder en Baja California. En él se escucha, sin rodeos, cómo se manejan los castigos y los favores desde el entorno de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda: si no aplaudes, no cobras; si criticas, te congelan; y si “golpeas”, te castigan hasta que alguien “da la instrucción”.
El clip, que ya ha comenzado a generar ruido en la opinión pública, muestra cómo un operador cercano a la esfera política se queja porque al comunicador Rubén Gómez lo dejaron fuera de la lista de beneficiarios de la publicidad oficial, mientras otros —como Macalpin o Panchito— presuntamente continúan cobrando hasta 300 mil pesos mensuales desde el Congreso del Estado, todo esto, según él, por instrucción del diputado local de Morena, Juan Manuel Molina.
Aunque las cifras indignan, lo que más preocupa es la lógica que se revela detrás de la operación: no es comunicación institucional, es administración de lealtades.
La frase “Es una instrucción. Por favor, ayúdenle” ya se ha vuelto un eco incómodo en el debate público. ¿Quién da la instrucción? ¿Con base en qué criterios? ¿Cuánto se está pagando y por qué?
Lo más grave es que el nombre de la gobernadora Marina del Pilar aparece directamente en los reclamos. No como una espectadora, sino como parte de la presión política interna. ¿Está al tanto? ¿Está detrás? ¿Está dispuesta a rendir cuentas?
En un estado donde el periodismo crítico ya escasea, lo que este video sugiere es que la publicidad oficial se usa como herramienta de control, no de información. Que lo importante no es lo que se diga, sino quién lo diga… y a quién se le pague por hacerlo.
La conversación está sobre la mesa:
¿Estamos ante un caso de censura encubierta o ante la revelación de cómo se opera en la política local?
