Audio revelador expone instrucciones para desviar fondos públicos a medios afines
Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, acaba de ofrecer una magistral clase de cómo defender la libertad de expresión… mientras hace todo lo contrario tras bambalinas. En un revelador audio filtrado, se escucha a la mandataria ordenando a los diputados locales Jaime Cantón y Juan Manuel Molina destinar parte del presupuesto legislativo a Rubén Gómez, un comunicador de Mexicali, quien, según la gobernadora, “no cobra una millonada”. Sin embargo, durante su conferencia semanal, la gobernadora se mostró firme en su “respeto” por la libertad de expresión, aunque convenientemente evitó aclarar si la grabación era auténtica o no.
En el audio, Ávila Olmeda justifica la asignación de recursos públicos diciendo que “no tenía caso estar recibiendo golpeteo”, sugiriendo que los fondos del gobierno deben usarse para que los medios se alineen con la imagen del gobierno. Claro, porque en un estado democrático, los recursos públicos deberían estar destinados a lo que más importa: evitar las críticas. Pero, por supuesto, todo esto se enmarca en un respetuoso “respeto” por la libertad de expresión, ese noble principio que siempre defendemos… a menos que un periodista no se alinee con nuestra visión.
Esta contradicción entre el discurso público de la gobernadora y sus acciones tras bambalinas no solo pone en evidencia la falta de coherencia, sino que también sugiere una preocupante estrategia para controlar la narrativa. En lugar de promover un debate plural y libre, la administración de Ávila Olmeda parece centrarse en silenciar las voces críticas a golpe de cheques. En Baja California, el presupuesto destinado a publicidad pública es multimillonario, pero la opacidad en su asignación genera un manto de sospecha sobre posibles conflictos de interés.
Rubén Gómez, el comunicador mencionado, ha sido señalado en el pasado por promover contenidos favorables al gobierno, aunque aún no se sabe si efectivamente recibió los fondos prometidos. Y en un giro de ironía, es bueno recordar que el Poder Legislativo de Baja California destina millones de pesos cada año a publicidad, pero, curiosamente, sin ningún tipo de mecanismo claro para rendir cuentas. ¿Cómo no confiar en que todo eso se gasta de manera transparente?
Pero lo más divertido (o aterrador, según se mire) ocurrió ayer, cuando el audio fue difundido en las redes sociales de Opina. Después de que más de 300,000 personas en Baja California ya lo habían escuchado, el archivo fue “misteriosamente” censurado por derechos de autor. ¡Vaya sorpresa! Parece que la libertad de prensa está tan protegida que incluso un audio que podría poner en evidencia un abuso de poder no puede sobrevivir mucho tiempo en internet. ¿Y la libertad de expresión? Bueno, parece que solo se aplica cuando no pone en peligro la imagen del gobierno.
Es interesante ver cómo, en una era en la que todos se llenan la boca hablando de defender la libertad de prensa, la respuesta del gobierno es simple: controlar lo que se dice, callar lo que no interesa y, cuando todo lo demás falla, simplemente censurar. Porque, ¿qué mejor manera de demostrar tu respeto por la libertad de expresión que asegurándote de que nadie pueda escuchar las pruebas de tu propia hipocresía?
Así que, mientras Ávila Olmeda habla de su compromiso con la libertad de expresión, en realidad parece tener un enfoque más práctico: solo se respeta la libertad de expresión cuando la información está alineada con sus intereses. Y si no lo está, bueno, siempre está la opción de hacerla desaparecer. ¡Qué maravilla de democracia!
