Indignante. No hay otra palabra para describir lo que está ocurriendo con los recursos públicos en Baja California, particularmente en los municipios de Ensenada y Tecate, donde el descaro, la ineptitud y la corrupción de sus exalcaldes han dejado una estela de deuda, abandono y peligro para miles de trabajadores del estado.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) se encuentra al borde del colapso financiero. ¿La razón? La absoluta irresponsabilidad de 48 entidades de gobierno morosas, que hasta el 23 de octubre de 2024 le deben al instituto más de 6,500 millones de pesos. No se trata solo de un número: es el sueldo, la pensión, la salud y la tranquilidad de quienes han dedicado su vida al servicio público.
Los casos más escandalosos y ofensivos son los de Ensenada y Tecate, donde la omisión de pagos no solo es una falta administrativa: es un crimen que debe sancionarse como desvío de recursos.
• Armando Ayala, exalcalde de Ensenada, dejó un adeudo monstruoso de 3,578 millones de pesos. Para que se dimensione su magnitud: desde 2011 no se pagan cuotas al ISSSTECALI, acumulando 565 millones en cuotas, 904 millones en aportaciones patronales y, como si fuera poco, 2,109 millones en recargos. Trece años de omisión y cinismo.
• Dario Benítez, exalcalde de Tecate, tampoco se queda atrás. Su administración arrastró una deuda de 1,406 millones de pesos, equivalente al 21% de todo el pasivo del instituto. ¿Y qué hicieron? Nada. Ni transparentaron, ni pagaron, ni enfrentaron su responsabilidad.
Mientras tanto, miles de trabajadores siguen sin acceso digno a servicios médicos, con sus pensiones comprometidas y su futuro en el aire. Esto no es solo una crisis financiera, es una traición. Una estafa institucionalizada.
Ante esta situación, finalmente el Partido Acción Nacional (PAN) asumió su papel como oposición y exigió lo que muchos ya gritaban desde hace años: juicio político contra Armando Ayala y Dario Benítez, y denuncias ante la fiscalía por presunto desvío de recursos públicos, al no destinar las cuotas correspondientes al ISSSTECALI.
Pero la indignación no debe terminar ahí. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con las demás dependencias, institutos y organismos que también han caído en la irresponsabilidad financiera? No basta con exhibir a dos si no se hace justicia con el resto. El mal manejo de los dineros públicos no puede seguir saliendo gratis.
La burla es mayúscula: mientras los municipios incumplen, el gobierno estatal ha tenido que empezar a retener participaciones federales para presionarlos a pagar, cuando esto debió resolverse hace años con mecanismos de control y castigos ejemplares.
Solo Tijuana y Rosarito lograron salir relativamente bien librados, con adeudos mínimos, probablemente por ajustes administrativos. Pero esa no es la norma: es la excepción y la regla ha sido la corrupción, el desvío y la total impunidad.
Es hora de que los responsables enfrenten las consecuencias. Que se sienten en el banquillo los exalcaldes, los tesoreros, los síndicos y cualquier otro funcionario que permitió este desastre. Y que la clase trabajadora se movilice, exija y defienda lo que es suyo, porque si ellos no lo hacen, nadie más lo hará.
Ni perdón, ni olvido a quienes jugaron con la seguridad y la salud de los trabajadores. ¡Que paguen los culpables!
