Toda acción merece una reacción, y hoy la reacción ciudadana debe ser clara, firme y enérgica: lo que está ocurriendo en Sinaloa no es más que una grotesca exhibición de abuso de poder por parte del Ejecutivo del Estado, Rubén Rocha Moya.
En un estado donde reina la impunidad, donde el gobernador ha sido señalado por tener presuntos nexos con el crimen organizado, operaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y donde incluso se le vincula como posible autor intelectual del asesinato del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (hechos gravísimos que siguen sin castigo), resulta ofensivo, por decir lo menos, que la maquinaria del estado se utilice para perseguir políticamente a quien considera un adversario: Gerardo Vargas Landeros.
En lugar de responder por las múltiples acusaciones que lo rodean, incluyendo un juicio político reactivado en el Congreso Local por omisión en un juicio de amparo silencio sobre su retiro financiero del gobierno y posibles vínculos turbios con la paraestatal Fibrasin, Rocha Moya decide actuar como un gánster y desviar la atención con un acto de represión.
¿Y cómo lo hace? A través de un operativo burdo, violatorio de toda norma constitucional, solicitando una orden de aprehensión contra el alcalde con licencia Gerardo Vargas Landeros, quien, cabe destacar, cuenta con un amparo vigente emitido por el Poder Judicial Federal. La detención, además de ilegal, fue inhumana: lo abordaron después de salir del hospital, recién operado de emergencia, todo esto mientras viajaba con su familia en su vehículo personal.
Para colmo, este acto no fue casual ni espontáneo: Rocha Moya presionó y amedrentó al Poder Judicial del Estado justo a unos días de la elección del Poder Judicial, amenazándolos (según fuentes cercanas) con retirar todo su apoyo institucional si no emitían el documento de aprehensión. Es decir, manipuló políticamente la justicia para consolidar su vendetta personal y opacar el juicio político recién revivido, dejando claro que en Sinaloa, bajo su gobierno, la legalidad es letra muerta cuando le estorba.
¿Hasta dónde piensa llegar Rocha Moya en su afán de silenciar voces incómodas? ¿En qué momento dejamos de ser un estado de derecho para convertirnos en una entidad donde la ley se retuerce a placer de una sola persona? Esta no es justicia, es venganza política, es represión disfrazada de legalidad. Es un acto que desborda arrogancia, autoritarismo y desprecio por la Constitución.
Ya no se trata solo de Gerardo Vargas Landeros. Se trata de todos. Si hoy permitimos este atropello, mañana cualquiera podrá ser víctima del capricho del poder. Lo que sucede en Sinaloa no puede seguir ignorándose.
No al abuso de poder. No a la persecución política. No a la impunidad de Rubén Rocha Moya.
