El descaro de Carlos Alberto Herrera no tiene límites, a estas alturas ya no sorprende que este juez de control sea utilizado como herramienta del poder, pero hay casos que rebasan toda noción de legalidad, ética y justicia. Dos episodios recientes lo confirman: la protección disfrazada que ofreció al senador Enrique Inzunza Cázarez, y la ilegal detención del alcalde con licencia Gerardo Vargas Landeros, a pesar de contar con amparo federal vigente.
En mayo de 2024, el juez citó a comparecer al entonces candidato al Senado por Morena, Enrique Inzunza, acusado de acoso, hostigamiento y abuso sexual por la jueza Ana Karina Aragón Kutiño. Las acusaciones no eran nuevas: datan de 2018, bajo la carpeta de investigación CLN/AEDSEX/003107/2018, la cual había estado congelada por la Fiscalía por razones políticas. Incluso existen otras denuncias en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía especializada en violencia de género.
¿Qué hizo el juez? Nada. Absolutamente nada digno ni transparente. Aunque citó a Inzunza, la comparecencia se programó después de las elecciones, asegurando que no afectaría al candidato y que lograría el fuero que viene con el cargo. Todo esto, porque el gobernador Rubén Rocha Moya pidió que no se le tocara, que se le protegiera, que no se entorpeciera su camino al poder y Carlos Alberto Herrera obedeció como lacayo judicial.
Pero si para los amigos hay silencio, para los enemigos hay plomo legal. En mayo de este año, ordenó la detención de Gerardo Vargas Landeros, a pesar de que contaba con una suspensión de amparo vigente. Lo más grave es que, una vez detenido, Herrera omitió deliberadamente verificar la existencia de dicho amparo, violando así la Ley de Amparo, que obliga a liberar de inmediato a cualquier persona con suspensión vigente.
Esto no es solo negligencia, es desacato directo a un juez federal y la ley es clara: el desacato puede ser castigado con la destitución del cargo y hasta 9 años de prisión. Gerardo Vargas denunció penalmente al juez Carlos Alberto Herrera por este atropello y con justa razón. Esta denuncia genera un conflicto de intereses evidente, pues quien ha sido denunciado no puede seguir juzgando el mismo caso.
¿Y qué hizo Herrera? Siguió actuando como si nada. Siguió tomando decisiones sobre un caso en el que ya no es imparcial, deshonrando aún más el Poder Judicial que representa.
El mensaje es claro: en Sinaloa no hay justicia, hay consigna. No hay legalidad, hay venganza. No hay jueces, hay sirvientes del poder.
Y el más obediente de todos se llama Carlos Alberto Herrera.
