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RedacciónTijuana, Baja California; a 26 de junio de 2025. En atención a la reciente modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y como parte del seguimiento a los acuerdos derivados de la Mesa de Coordinación en Materia de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) ha comenzado a implementar las disposiciones relativas al uso de armamento oficial, conforme a lo establecido en el nuevo Artículo 34 Bis de dicha legislación.
La actualización, publicada el pasado 29 de mayo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, indica que:
Artículo 34 Bis: El armamento y municiones correspondientes a una licencia oficial colectiva solo pueden emplearse en funciones de carácter oficial y de seguridad pública. Queda prohibido su uso en actividades de carácter privado tales como seguridad a particulares, seguridad a los bienes y seguridad en el traslado de bienes o valores.
Con base en este marco normativo, la SSPCM ha iniciado los trámites y adecuaciones administrativas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de la reforma. En particular, se notificó formalmente a los elementos adscritos a la Dirección de Servicios de Protección Comercial y de Vigilancia Auxiliar, quienes actualmente brindan servicios de seguridad a entidades privadas, sobre las nuevas restricciones en el uso del armamento oficial.
Como parte del proceso, se está llevando a cabo una revisión de funciones y asignaciones, a fin de identificar los casos en los que el uso del equipo oficial debe ser limitado o reconfigurado conforme a la ley. Esta medida busca evitar cualquier acto que pudiera derivar en una infracción de carácter federal y asegurar el correcto ejercicio de las funciones policiales.
La SSPCM precisó que esta disposición no afecta al personal operativo que desempeña tareas ajenas a los servicios de seguridad privada, y que continúan ejerciendo labores de seguridad pública conforme a las atribuciones que la ley les otorga.
La Secretaría reafirma su compromiso con el estado de derecho y el respeto irrestricto a la legalidad, reconociendo que el cumplimiento de las leyes federales es indispensable para fortalecer la confianza ciudadana, profesionalizar a las corporaciones policiales y avanzar hacia una seguridad pública más transparente y eficiente.
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