Un dictamen pericial no es una opinión, es una pieza técnica sustentada en evidencia, mismo que se elaboró sobre la situación de Ahome entre 2018 y 2021 se convirtió en una especie de autopsia social, que reveló con claridad la dimensión del problema. El perito, con formación en análisis territorial y criminología aplicada, estructuró el estudio con base en un enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo, tomando como principal fuente las publicaciones periodísticas de medios locales.
La metodología fue rigurosa: las notas fueron clasificadas según fecha, tipo de delito, zona de ocurrencia, víctimas, contexto social y patrón de repetición. El resultado fue tan revelador como alarmante: Ahome no vivía una serie de crímenes aislados, sino una epidemia delictiva con patrones estructurales.
Se estableció que los homicidios dolosos, robos con violencia, ataques armados y extorsiones eran los delitos más frecuentes, los mapas de calor indicaban una clara concentración delictiva en sectores específicos de Los Mochis, zonas periféricas, caminos rurales y vías de acceso carretero, el municipio era un rompecabezas fracturado por la criminalidad y la falta de respuesta operativa.
Más aún, el estudio reveló una caída en la percepción de confianza hacia las autoridades, lo cual, sumado a la poca vigilancia, aumentaba la sensación de impunidad. El dictamen sugería, de manera clara, que la ausencia de patrullas y vigilancia fija había sido un factor determinante en el auge delictivo.
Este documento técnico no solo fue útil como radiografía, sino como pieza clave para justificar legalmente una acción urgente. Gerardo Vargas Landeros, al frente del Ayuntamiento de Ahome, se apoyó en este diagnóstico para gestionar una adquisición inmediata de patrullas, haciendo uso de la legislación que permite compras públicas en casos de fuerza mayor o emergencia en materia de seguridad pública y salud, se diseñó una estrategia legal transparente y eficiente.
A diferencia de improvisaciones pasadas, este proceso se ejecutó con claridad: se convocaron a cuatro proveedores y se registró todo bajo los criterios legales pertinentes. La prioridad era devolver la seguridad a la ciudadanía, pero sin saltarse la ley, este dictamen no solo sirvió para argumentar una compra, sino que se convirtió en la piedra angular de un plan institucional de seguridad pública, anclado en datos, análisis y urgencias reales. Por primera vez en mucho tiempo, Ahome tenía más que promesas: tenía un plan.
