Ciudad de México .— Una de las operaciones de contrabando de combustible más grandes registradas en el país ha sacado a la luz a la empresa mexicana Ingemar S.A. de C.V., vinculada directamente a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California y figura histórica por ser el primer mandatario estatal emanado de la oposición en México.
De acuerdo con información revelada por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el pasado domingo fueron asegurados 129 ferrotanques en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, con más de 15 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita.
Las investigaciones apuntan a que Ingemar, en conjunto con la comercializadora estadounidense Belar Fuels Company, habría falsificado documentos de importación para introducir al país volúmenes de combustible significativamente mayores a los autorizados, con el fin de eludir el pago de impuestos y regulaciones federales.
Fundada en 2018 y con sede en la Ciudad de México, Ingemar tiene operaciones clave en Ensenada, Baja California, principalmente en el sector portuario. Según documentos obtenidos por medios nacionales, Ernesto Ruffo figura como socio mayoritario de la firma, lo que ha provocado una ola de cuestionamientos sobre su posible participación directa en la red de contrabando.
Las maniobras señaladas incluyen el uso sistemático de facturas apócrifas, pedimentos de importación alterados y documentos clonados, que permitieron ocultar la verdadera cantidad de combustible transportado. En varios casos, las cargas eran reportadas por debajo de los 20 mil litros, pero trasladadas en tanques con capacidad superior a los 100 mil litros.
El combustible ilegal era almacenado en terminales estratégicas en Nuevo León y Coahuila, como la estación ferroviaria de Escobedo, donde también se aseguraron millones de litros adicionales.
Según el análisis de la consultora Petro Intelligence, este tipo de operaciones representa una pérdida estimada de más de 177 mil millones de pesos anuales para el erario público, agravada por la limitada capacidad tecnológica en aduanas para realizar inspecciones volumétricas precisas.
Este escándalo no solo compromete a empresas nacionales y extranjeras involucradas en prácticas fraudulentas, sino que también pone en entredicho el legado político de Ruffo Appel, quien había mantenido una imagen de austeridad y legalidad desde su histórica victoria electoral en 1989. Hoy, su nombre aparece en el centro de uno de los esquemas de contrabando de hidrocarburos más graves en la última década.
