En Sinaloa la política ya no se rige por las leyes, sino por el miedo. El Congreso local y varios funcionarios municipales han decidido que es menos riesgoso enfrentar sanciones penales federales que levantar la voz contra el gobernador Rubén Rocha Moya. El cálculo es grotesco: prefieren arriesgarse a una pena de tres a nueve años de prisión, multas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos antes que contradecir a su jefe político. Es la obediencia ciega convertida en estrategia de supervivencia.
El caso es claro: un Juez Federal de Distrito ordenó una serie de medidas que deberían cumplirse. En lugar de acatar, los subordinados del gobernador han optado por ignorar la resolución, sabiendo perfectamente que están en “desacato”. No se trata de un tecnicismo jurídico, sino de un delito tipificado en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Es decir, no solo desafían a un juez: desafían al propio Estado de derecho, todo para no incomodar al amo del Palacio de Gobierno.
El gobernador presume un liderazgo fuerte, pero lo que realmente exhibe es un sistema de vasallaje medieval disfrazado de política moderna. Los diputados locales y los funcionarios municipales se comportan como cortesanos temerosos de perder la gracia real. Su lealtad no se dirige a la Constitución ni a los ciudadanos, sino a la voluntad de un solo hombre. La “disciplina política” se ha transformado en sumisión penalizada.
Lo más patético es que el cálculo político es erróneo. Tarde o temprano la justicia federal terminará alcanzando a los funcionarios que hoy prefieren callar y cuando eso ocurra, el gobernador no moverá un dedo para salvarlos. Porque así funciona el poder cuando se construye sobre el miedo: exige obediencia, pero jamás ofrece protección verdadera.
Vale la pena preguntarse si resulta sensato arriesgar la libertad personal y la carrera política por un líder que, según voces cercanas, podría estar enfrentando también sus propios días contados fuera de los tribunales. La respuesta parece obvia, salvo para quienes ya hipotecaron su dignidad al mejor postor.
En Sinaloa no gobierna la ley, gobierna el miedo y la obediencia irracional al miedo tarde o temprano termina en cárcel, no en poder.
