Sinaloa .- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, exhortó a no responsabilizar de manera anticipada a los jóvenes y menores de edad detenidos en el contexto de la violencia que atraviesa el estado, y subrayó que no existen evidencias que confirmen un reclutamiento sistemático por parte del crimen organizado.
Durante una gira por el municipio de Ahome, el mandatario señaló que, aunque se reporten arrestos de personas menores de edad, no se puede generarles culpabilidad ni relacionarlos con grupos criminales sin pruebas verificadas y fundamentadas.
“Como no tenemos una certeza, no se los puedo decir. Si existen, si están ahí, no los quiero victimizar de ninguna manera a los jóvenes que se encuentren en una u otra situación”, expresó Rocha Moya.
El gobernador reconoció que la violencia se ha recrudecido durante el último año a causa de las disputas entre las facciones del Cártel de Sinaloa, principalmente Los Chapitos y La Mayiza, aunque consideró que la inseguridad es un fenómeno estructural en la entidad.
“Se acentúa cuando existen elementos como mujeres o jóvenes menores de edad; son agravantes que nos mortifican mucho”, añadió.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, advirtió que el 40% de los delitos en el puerto involucran a menores de edad, en su mayoría por faltas administrativas o delitos patrimoniales.
“La mayoría son menores de edad que, por falta de madurez, cometen faltas que ponen en riesgo su vida y la de otros”, indicó.
De acuerdo con fuentes oficiales, la guerra interna del Cártel de Sinaloa ha derivado en un incremento del 144% en el número de adolescentes recluidos en el Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA) de Culiacán.
Solo en septiembre se registró el ingreso de 68 menores de entre 15 y 17 años, la mayoría por delitos de portación de armas. Antes de esa fecha, los centros reportaban entre cuatro y cinco adolescentes internos.
“Están usando puros jóvenes. Menores de 15 a 17 años”, confirmó una fuente consultada.
El fenómeno, que combina reclutamiento forzado, precariedad y falta de oportunidades, plantea un desafío urgente para las autoridades estatales y el sistema judicial, que Rocha Moya pidió fortalecer “desde una visión inclusiva y con perspectiva social”.
