Por Redacción | Ciudad de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) intentará este miércoles impedir que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, abandone la prisión de manera anticipada, a pesar de haber cumplido el 95% de su condena por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La audiencia —prevista originalmente para el 11 de noviembre pero pospuesta por la ausencia de testigos de la FGR— será encabezada por la jueza Ángela Zamorano Herrera en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. La Fiscalía presentará seis testigos con el fin de frenar la solicitud de libertad anticipada promovida por la defensa del exmandatario priista.
Duarte, detenido en Guatemala en abril de 2017 y extraditado a México en julio del mismo año, se declaró culpable en 2018 y recibió una sentencia de nueve años que concluiría formalmente en abril de 2026. Su equipo legal sostiene que ha mostrado buen comportamiento, ha participado en actividades de reinserción y ya cumplió casi en su totalidad la pena impuesta.
La FGR sostiene lo contrario. En medio del proceso, han surgido señalamientos sobre presuntos privilegios dentro del penal, incluido el acceso a un teléfono celular, espacios diferenciados y facilidades logísticas que no suelen otorgarse a otros internos. Aunque la defensa insiste en que estas condiciones responden a su derecho a una estrategia jurídica adecuada, críticos del caso apuntan a la persistencia de redes de influencia política y económica.
El tema escaló al ámbito federal cuando la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el 12 de noviembre que Duarte está cercano a cumplir su sentencia, aunque dijo desconocer si enfrenta procesos adicionales. Su postura dejó entrever que, pese al rechazo social acumulado por los actos de corrupción del exgobernador, el sistema judicial opera bajo parámetros estrictamente procesales.
La decisión de la jueza definirá si Duarte obtiene la libertad cinco meses antes de agotar su condena, en un caso que vuelve a poner en evidencia las fracturas institucionales y el trato desigual en procesos penales por corrupción.
