Por Redacción | Tijuana, Baja California
La política en Tijuana volvió a estremecerse tras la aparición de una denuncia anónima que llevó al alcalde Ismael Burgueño a recibir un citatorio inesperado. Aunque las autoridades no han dado detalles sobre el origen del señalamiento, lo cierto es que el episodio ocurre en un momento en el que cualquier ruido altera la ruta hacia la gubernatura.
Burgueño calificó el procedimiento como una acción sin sustento, una maniobra que lo coloca en un terreno incierto sin explicar quién activó el proceso ni con qué intención. La falta de claridad revive inevitablemente la memoria de lo ocurrido con Montserrat Caballero, quien también enfrentó un señalamiento sin firma que terminó desvaneciéndose jurídicamente, pero no políticamente.
La reacción inmediata de Alejandro Ruiz Uribe llamó la atención. Su mensaje de respaldo al alcalde fue correcto, medido y políticamente impecable. Sin embargo, en un ambiente interno donde todos miden sus pasos, la prontitud de su postura abrió espacio para lecturas que, aunque no se expresan públicamente, circulan en voz baja dentro del propio partido.
Más allá del intercambio de declaraciones, lo que queda al descubierto es un patrón: las denuncias sin nombre irrumpen justo cuando las definiciones internas comienzan a cerrarse. Alcanzan a unos, se esfuman ante otros y generan un clima donde cualquiera puede convertirse en objetivo de una acusación que nadie firma.
Tanto Burgueño como Caballero comparten ahora un mismo punto de coincidencia: haber sido señalados desde las sombras sin pruebas concluyentes y sin claridad sobre quién impulsó las denuncias. Incluso, ambos han visto cómo estas dinámicas se extienden a integrantes de sus propios equipos.
La pregunta no es nueva, pero vuelve a tomar fuerza: ¿quién se beneficia cuando la política se contamina desde el anonimato? En Tijuana, el silencio sigue moviendo fichas que pocos reconocen pero todos sienten.
