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Política

MTI defiende su software ante el XXV Ayuntamiento de Tijuana

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Foto: Border Zoom

Por Redacción | Tijuana, Baja California, 9 de diciembre de 2025.

La discusión pública sobre el sistema de armonización contable REGER volvió a tomar fuerza luego de que MTI Consultoría, la empresa responsable de su desarrollo, defendiera la calidad de la plataforma y manifestara disposición para apoyar al Ayuntamiento de Tijuana.

Su mensaje llega en un momento en que el caso avanza hacia una audiencia intermedia programada para 2026 y en el que persisten dudas técnicas, administrativas y legales sobre el proceso de adquisición.

El posicionamiento de MTI fue breve, pero no menor: la firma aseguró que continúa a la espera de que el gobierno encabezado por Ismael Burgueño solicite asistencia para integrar plenamente el sistema.

La empresa sostiene que REGER ofrece innovación y transparencia en el manejo contable municipal. Sin embargo, evitó precisar cuándo fue la última vez que brindó soporte al Ayuntamiento y tampoco abordó el sobreprecio señalado por la autoridad investigadora.

La consultora aprovechó para subrayar su trayectoria nacional, destacando 28 años de operaciones, casi 200 empleados y presencia en municipios y entidades estatales dentro y fuera del país.

Esa carta de presentación aparece en un momento en que el debate público ya no solo se centra en el costo del software, sino en su funcionamiento real y en la pertinencia del proceso de adjudicación directa mediante el cual fue adquirido.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la investigación principal se concentra en ese procedimiento, que por ley debió pasar por licitación pública.

Aunque el proceso penal se mantiene contra seis exfuncionarios -quienes enfrentarán los cargos en libertad- la institución no descarta abrir nuevas líneas por posibles fallas operativas o costos irregulares del sistema.

En la audiencia más reciente participaron también exautoridades municipales como testigos, en un caso que continúa revelando los vacíos administrativos y la fragilidad de los mecanismos de contratación pública en Tijuana.

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