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Redacción
Estado de México. Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, fue absuelto del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, luego de que una jueza federal determinara que ya había cumplido la pena correspondiente, tras pasar 27 años en prisión.
La resolución fue emitida por Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien ordenó su liberación inmediata respecto a este proceso. No obstante, Arizmendi no abandonará el reclusorio, ya que fue considerado responsable del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Por este último ilícito, la jueza le impuso una sentencia de ocho años de prisión y una multa de 13 mil 225 pesos, la cual, en caso de no ser cubierta, deberá ser sustituida por 500 jornadas de trabajo comunitario no remunerado.
El expediente judicial recoge testimonios clave de víctimas, entre ellos el de un padre de familia que identificó a Arizmendi como la persona que negociaba el rescate de su hijo, a quien le fue amputada una oreja. Dicho reconocimiento se sustentó, entre otros elementos, en entrevistas televisivas realizadas en 1998, tras la detención del acusado.
El documento también detalla las condiciones de cautiverio de una de las víctimas, quien incluso fue obligada a firmar una carta dirigida a su padre, pidiéndole perdón por haber revelado información financiera a los secuestradores, hechos ocurridos en 1997.
En paralelo, un Tribunal Federal concedió recientemente un amparo a Dulce Paz Venegas Martínez, pareja sentimental de Arizmendi, al dejar sin efecto el auto de formal prisión que se le dictó hace 26 años por delincuencia organizada y secuestro, al considerar que su proceso debió tramitarse en el fuero común. Ambos fueron detenidos el 17 de agosto de 1998 en el Estado de México.
El caso de “El Mochaorejas”, uno de los símbolos más crudos de la crisis de secuestros en México a finales de los años noventa, vuelve a colocar en el centro del debate las fallas estructurales del sistema de justicia penal, las sentencias prolongadas y las absoluciones que llegan tras décadas de encierro.
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