Guerrero .- El Tribunal de Disciplina Judicial resolvió la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos de un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Guerrero, tras acreditarse una serie de conductas graves que incluyen acoso sexual, hostigamiento laboral y el uso indebido de fuerzas de seguridad del Estado para fines personales.
De acuerdo con la resolución, el juzgador utilizó elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y recursos institucionales para intentar recuperar un vehículo y cobrar una deuda privada, sin existir orden judicial ni procedimiento legal que lo respaldara.
Los hechos se remontan al 21 de septiembre de 2022, cuando el juez solicitó la compañía de una oficial judicial sin informarle el destino, además de requerir una unidad blindada oficial —una Suburban blanca— y la presencia de dos elementos armados de seguridad institucional. El grupo se trasladó a un domicilio particular con el objetivo de retirar un vehículo que el juez afirmó haber intercambiado previamente con un integrante de la Marina.
Durante la intervención, el juez confrontó a dos mujeres, familiares del presunto deudor, exigiendo la entrega del automóvil y solicitando una grúa para retirarlo del lugar. La presencia de personal armado sin orden judicial generó inconformidad entre los residentes del condominio, quienes exigieron el retiro inmediato del grupo.
En medio del conflicto, una de las mujeres aseguró haber contactado a su hijo para realizar una transferencia bancaria, mientras que la otra señaló que su abogada y representantes del Ministerio Público se dirigían al lugar, cuestionando abiertamente la legalidad del procedimiento encabezado por el juez.
El caso provocó un fuerte descontento y se convirtió en un ejemplo documentado de uso arbitrario del poder judicial, lo que derivó en la sanción impuesta por el órgano disciplinario, que subrayó la gravedad de emplear fuerzas armadas y recursos públicos en conflictos personales.
