Ensenada .- El Gobierno de Ensenada informó que a partir de la catorcena en curso entró en vigor un incremento salarial acumulado del 30% para las y los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), un ajuste que no se registraba en la corporación desde hace más de una década, de acuerdo con información oficial.
La administración encabezada por la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz detalló que el aumento se integró por un 20% otorgado durante 2025 y un 10% adicional aplicado en enero de 2026, alcanzando así un incremento total en menos de un año tanto para personal activo como retirado.
Según los datos difundidos, el salario neto mensual de un policía pasó de 15 mil 270 pesos —monto que se mantuvo prácticamente sin cambios durante varios años— a 23 mil 586 pesos en 2026, cifra que incluye la integración de prestaciones al salario base.
De manera paralela, el gobierno municipal incorporó al salario el bono de riesgo y el bono complementario, lo que impacta directamente en prestaciones como aguinaldo y prima vacacional. El bono de riesgo, además, dejó de pagarse de forma mensual y ahora se distribuye en dos pagos catorcenales de mil pesos cada uno.
La autoridad también informó sobre otras medidas complementarias, como el aumento del 100% al bono de riesgo, la entrega de un bono escolar de 2 mil 900 pesos, la regularización de pagos pendientes de seguros de vida a viudas desde 2015 y la garantía de pólizas por 300 mil pesos para el personal policial.
No obstante, el anuncio ocurre en un contexto donde la Policía Municipal enfrenta carencias históricas en equipamiento, carga operativa elevada y una percepción ciudadana crítica sobre los resultados en materia de seguridad. El propio gobierno reconoció que durante 2026 continuará el proceso de dotación de uniformes, radios y chalecos balísticos, insumos que han sido señalados como insuficientes por los propios elementos.
Aunque el ajuste salarial representa un alivio económico para los policías, especialistas advierten que la dignificación policial no puede reducirse únicamente a incrementos salariales, sino que debe acompañarse de mejoras estructurales, capacitación constante y una estrategia integral de seguridad pública que genere resultados sostenibles para la ciudadanía.
