Por Redacción | Oaxaca, México; enero de 2026
La versión oficial sobre el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca comienza a levantar más dudas que certezas. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) asegura que el siniestro que dejó 14 personas muertas fue provocado por exceso de velocidad, el discurso institucional parece cuidadosamente construido para deslindar al Estado de cualquier falla estructural o de supervisión.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que tras analizar los datos de la “caja negra”, el tren circulaba a 65 kilómetros por hora, superando el límite permitido de 50 kilómetros por hora en ese tramo. Sin embargo, el énfasis puesto en la conducta del operador contrasta con la ausencia de cuestionamientos sobre el diseño de la vía, los protocolos de control, la señalización y los mecanismos de vigilancia operativa.
Según la propia Fiscalía, no se detectaron daños en rieles, ruedas, sistemas de acople ni en la infraestructura ferroviaria. Todo —afirma la autoridad— funcionaba “correctamente”. La narrativa resulta conveniente: si nada falló en la obra ni en el sistema, la culpa se reduce a una decisión humana aislada.
El documento Horario ferroviario vigente establece las restricciones de velocidad, pero la FGR no ha explicado por qué un tren con más de 240 pasajeros pudo rebasar los límites sin que existiera una intervención automática o preventiva por parte del sistema ferroviario, un estándar básico en proyectos de transporte moderno.
Mientras tanto, la Agencia de Investigación Criminal indaga posibles delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, nuevamente centrando la responsabilidad en quienes operaban la unidad, sin ampliar el foco hacia mandos superiores, empresas constructoras o autoridades encargadas de la supervisión del proyecto emblema del Gobierno federal.
Cabe recordar que víctimas del accidente ya presentaron denuncias ante la FGR contra empresas vinculadas a la construcción y operación del Tren Interoceánico, respaldadas por informes de la Auditoría Superior de la Federación que documentan irregularidades desde 2019 hasta 2025.
En un país donde las tragedias públicas suelen cerrarse con culpables menores y absoluciones institucionales, el caso del Tren Interoceánico parece seguir el mismo guion: el operador señalado, la infraestructura intocable y el Estado fuera del banquillo.
