Por Redacción | Washington, D.C., 20 de febrero de 2026.
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los amplios aranceles globales impulsados por el presidente Donald Trump, en una decisión que redefine los límites del poder ejecutivo en materia tributaria y comercial.
Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal determinó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad exclusiva de imponer impuestos, incluidos los aranceles. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, subrayó en la opinión mayoritaria que “los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”.
El fallo se centra en los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia de 1977, utilizada por Trump para justificar gravámenes “recíprocos” a casi todos los países, así como tarifas dirigidas a Canadá, China y México bajo el argumento de una emergencia vinculada al narcotráfico y los déficits comerciales.
La decisión representa el primer gran tema de la agenda económica de Trump que llega directamente al tribunal que él mismo ayudó a configurar durante su primer mandato con el nombramiento de tres jueces conservadores. Aunque el fallo invalida el uso de la ley de emergencia para imponer aranceles, no impide que el presidente recurra a otras disposiciones legales, aunque con mayores restricciones de procedimiento y alcance.
En su opinión discrepante, el juez Brett Kavanaugh sostuvo que los aranceles “pueden o no ser una política sensata”, pero argumentó que, a su juicio, el marco legal utilizado por la administración sí permitía su implementación.
El impacto económico de estas medidas ha sido significativo. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que los aranceles podrían representar hasta 3 billones de dólares en efectos acumulados durante la próxima década. El Departamento del Tesoro reportó más de 133 mil millones de dólares recaudados en impuestos a las importaciones bajo esta figura hasta diciembre.
El caso generó una oposición legal que trascendió líneas partidistas. Estados con gobiernos demócratas, pequeñas y medianas empresas, así como grupos libertarios y proempresariales, cuestionaron la constitucionalidad de la medida. Argumentaron que la ley invocada no menciona explícitamente los aranceles y que su aplicación excedía las atribuciones presidenciales.
Empresas de distintos sectores —desde suministros industriales hasta cadenas de supermercados como Costco— ya han iniciado acciones legales para exigir reembolsos.
Más allá del impacto inmediato, el fallo abre un debate de fondo sobre el equilibrio de poderes en Estados Unidos y sobre los límites del uso de facultades extraordinarias en contextos económicos. En un escenario marcado por la preocupación ciudadana sobre la inflación y el costo de vida, la resolución también podría influir en el clima político y electoral en los próximos meses.
