Baja California
Expediente federal no menciona a Gobernadora de Baja California
Por Redacción | Tijuana, B.C. 27 de febrero de 2026
Un documento judicial desclasificado en Estados Unidos desató este jueves una intensa conversación digital en Baja California, luego de que versiones en redes sociales aseguraran, sin sustento documental, que la gobernadora del estado estaba incluida en una acusación federal por narcoterrorismo.
El expediente, identificado como Case 3:14-cr-02122-DMS, Document 7, fue ordenado como “unsealed” el 26 de febrero de 2026 por la Corte del Distrito Sur de California .
En él se formulan siete cargos contra René Arzate García, alias “La Rana”, presunto operador del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento judicial, los cargos incluyen empresa criminal continua, narcoterrorismo, conspiración para distribuir e importar sustancias controladas y lavado de dinero, conforme a diversas disposiciones del Código de los Estados Unidos .
El texto también establece referencias específicas a los artículos aplicables y a las conductas presuntamente cometidas en territorio estadounidense y mexicano.
Sin embargo, tras una revisión íntegra de las nueve páginas que integran la acusación, no se encuentra mención alguna a la gobernadora de Baja California, ni a funcionarios estatales, partidos políticos o campañas electorales.
La polémica se detonó luego de que el exfuncionario Simón Levy afirmara en redes sociales que la mandataria “está formalmente mencionada y forma parte de la investigación”, generando reacciones inmediatas en el ámbito político y mediático. Horas más tarde, distintos medios verificaron el contenido del expediente y confirmaron que dicha afirmación no aparece en el documento oficial.
Especialistas en derecho internacional consultados señalan que cuando existe vinculación con actores políticos, los expedientes federales en Estados Unidos suelen detallarlo de manera explícita, lo cual no ocurre en este caso.
El documento sí describe a René Arzate García como presunto lugarteniente de alto nivel que habría operado durante años en la región fronteriza, enfrentando acusaciones relacionadas con tráfico de metanfetamina, fentanilo, cocaína y marihuana, además de presunto financiamiento a una organización designada como terrorista extranjera.
Este episodio vuelve a colocar sobre la mesa un fenómeno creciente: la utilización de documentos judiciales reales para construir narrativas políticas anticipadas en entornos digitales altamente polarizados. En cuestión de horas, una publicación puede moldear percepciones públicas que posteriormente son desmentidas por la propia evidencia documental.
En un contexto binacional sensible en materia de seguridad, la responsabilidad informativa adquiere mayor relevancia. La revisión directa de fuentes oficiales se mantiene como el principal antídoto frente a la desinformación y como una práctica indispensable para la salud democrática.
