Por Redacción | Baja California, 18 de marzo de 2026.
Ante versiones que apuntan a un presunto desvío superior a 500 millones de pesos en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda rechazó dichas acusaciones y sostuvo que se trata de una interpretación incorrecta de información oficial derivada de auditorías federales.
La mandataria estatal explicó que las cifras señaladas corresponden a observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales —precisó— no están dirigidas al Gobierno del Estado, sino a distintos municipios de la entidad.
En ese contexto, detalló que dichas observaciones forman parte de los procesos ordinarios de fiscalización del gasto público federalizado, particularmente de recursos provenientes del Ramo 33, destinados a rubros como infraestructura social, educación y desarrollo municipal.
De acuerdo con los propios procedimientos de la ASF, estas observaciones no constituyen automáticamente desvíos de recursos, sino que pueden responder a inconsistencias administrativas, diferencias contables o procesos que aún se encuentran en etapa de revisión y cuentan con periodos establecidos para su solventación.
La gobernadora subrayó que, salvo el caso de Tijuana, los señalamientos corresponden a otros ayuntamientos del estado. En ese sentido, insistió en que existe una confusión entre el concepto de “entidad federativa” y la administración estatal, lo que ha derivado en que se atribuyan de manera incorrecta estos datos a su gobierno.
“Esto es una gran mentira… no es cierto, lean bien”, expresó Ávila Olmeda, al recalcar que la información difundida carece de sustento en los términos en que ha sido presentada.
El caso pone nuevamente sobre la mesa la complejidad en la interpretación de informes de auditoría pública, así como el impacto que pueden tener en la opinión pública cuando no se distingue entre observaciones técnicas y responsabilidades administrativas concluidas.
