Por Redacción | Ciudad de México, 8 de abril de 2026.
Tras meses de discusión legislativa, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el denominado “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por el Ejecutivo federal, con 377 votos a favor, 102 en contra y sin abstenciones.
El debate en San Lázaro estuvo marcado por confrontaciones entre bancadas, donde legisladores de oposición —PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— cuestionaron el contenido del dictamen, señalando omisiones en materia de sanciones relacionadas con financiamiento ilícito y vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, durante la discusión se expusieron temas vinculados a violencia política de género, lo que elevó el tono del intercambio en tribuna.
El proyecto contempla reformas a los artículos 115 y 116 de la Constitución, así como la adición de un párrafo al artículo 134. Entre los puntos destacados, se establece la integración de los ayuntamientos bajo principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
En materia presupuestal, se fijan límites para los congresos locales, cuyo gasto no deberá superar el 0.70 por ciento del presupuesto estatal, además de prohibiciones en prestaciones y beneficios adicionales financiados con recursos públicos.
El dictamen también plantea la prohibición de la reelección inmediata de diputaciones locales y ajustes progresivos en el presupuesto legislativo, con el objetivo de generar ahorros que serán destinados a infraestructura pública.
Uno de los aspectos que generó mayor debate fue la exclusión de la revocación de mandato dentro del documento final, lo que evidenció diferencias incluso entre fuerzas aliadas.
Los artículos transitorios establecen que tanto el Congreso de la Unión como los congresos estatales deberán armonizar sus legislaciones antes del 30 de mayo de 2026.
