Ciudad de México.- El pasado 9 de septiembre, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron, sin cambios, el dictamen de reforma al Poder Judicial, una iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras siete horas de debate en lo general, y con 25 votos a favor y 12 en contra, se dio paso a su aprobación. Posteriormente, se discutieron 70 reservas al dictamen, pero todas fueron rechazadas, consolidando así la versión original enviada por la Cámara de Diputados.
La reforma, que será presentada ante el Pleno del Senado el próximo 11 de septiembre, incluye propuestas polémicas, como la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular, la reducción de 11 a 9 ministros en la Corte y la eliminación de su pensión vitalicia. Esta medida ha generado divisiones entre las diversas fuerzas políticas y manifestaciones tanto a favor como en contra.
El debate en las comisiones estuvo marcado por la confrontación entre la coalición oficialista (Morena, PVEM y PT) y los partidos de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano). Mientras los primeros defendían la reforma como una necesidad para democratizar el Poder Judicial y acabar con lo que consideran una “casta dorada” de jueces y ministros, los opositores argumentaban que la medida busca someter al Poder Judicial al control del partido gobernante.
La senadora priista Cynthia López Castro, una de las voces más críticas, cuestionó la viabilidad de la elección de ministros, advirtiendo que la popularidad podría prevalecer sobre la capacidad de los candidatos. Por su parte, el panista Ricardo Anaya criticó los comités de evaluación propuestos, que según él, estarán dominados por la coalición morenista. Asimismo, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) advirtió sobre la inclusión de figuras como los jueces sin rostro, señalando que podría vulnerar los derechos de víctimas e imputados.
Norma Piña, presidenta de la SCJN, también se ha opuesto a la reforma, argumentando que no se trata de una demolición del Poder Judicial, sino de una reconfiguración para garantizar la imparcialidad y la justicia en el país. La iniciativa ha generado tensiones con diversos sectores, incluyendo organismos internacionales y representantes empresariales, que temen que estas modificaciones afecten la estabilidad económica y los tratados internacionales de México.
Por otro lado, los senadores de Morena como Ana Lilia Rivera y Julieta Ramírez defendieron la propuesta, argumentando que la reforma busca acabar con un sistema judicial que privilegia a quienes tienen recursos para defenderse y perpetúa la impunidad para los más pobres. La senadora Ramírez subrayó que la actual situación del Poder Judicial ha dejado a muchas personas encarceladas sin sentencia, lo que ejemplifica las desigualdades del sistema.
Con la reforma aprobada en comisiones, se prevé que el miércoles 11 de septiembre inicie su discusión en el Pleno del Senado, donde la coalición oficialista necesitará solo algunos votos adicionales para asegurar su aprobación final.
