Otra vuelta en la rueda infernal de la pantomima local: el Tribunal Electoral Estatal de Sinaloa, tras de que el Cabildo de Ahome que nombró a Rosa Margarita Velázquez como alcaldesa suplente (mientras el alcalde con licencia, Gerardo Vargas Landeros, atiende un juicio), recibe su segundo regaño mercenario, ahora vía Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Regional de Guadalajara ha ordenado revocar la sentencia del tribunal local únicamente respecto a la regidora Velázquez, para que se decida si le fueron vulnerados sus derechos político‑electorales.
Es como echarle sombra al árbol bueno: las autoridades estatales habían jugado a que todo estaba bien, respaldando por unanimidad el nombramiento de la militante del PVEM, sin pestañear ante la falta de idoneidad jurídica o la improvisación democrática, pero la Sala Federal dice: “no tan rápido, juez local”. Ahora se ha decretado que el caso sí puede ser revisado “en la vía electoral”, y se da 10 días para una nueva resolución. Además, si se encuentra violación de derechos, se deberán aplicar medidas correctivas ¡en menos de una quincena!
Mientras tanto, la Sala Federal no acepta que digan “paso, está resuelto”. Obliga a revisar si a la regidora le violaron derechos y en su caso, a reparar daños. Una y otra bofetada dura contra la liga de complacencia que suele formar el gobierno de Sinaloa, tribunales locales y poderes fácticos. Todo en un plazo draconiano: 10 días, constantes informes y si procede, restitución de derechos, ¿Y esto? un recordatorio cristalino de que no todo se resuelve a golpes o de entregarse a aplausos institucionales.
En el fondo, asoma una verdad incómoda: la justicia federal toca timbre en Sinaloa y sus ecos doblan la posibilidad de que deriven consecuencias. Porque mientras unos juegan a la simulación legal, otros, al menos, exigen que alguien responda y ese es el verdadero traspié para las autoridades locales: que ya no se trata solo de gritar “quórum”, sino de rendir cuentas y rendición, esa sí, con consecuencias.
