Medio Oriente .- Tras el cierre del espacio aéreo en Irán y el aumento de las amenazas militares, la embajada de Estados Unidos en Doha recomendó a su personal extremar precauciones y limitar los viajes no esenciales a la base aérea de Al Udeid, una de las instalaciones estratégicas más importantes del Pentágono en la región.
La medida se da luego de que el gobierno iraní advirtiera que podría lanzar ataques contra bases militares estadounidenses y de sus aliados en Medio Oriente si Washington decide intervenir en apoyo a las protestas que sacuden al país. El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nafizardeh, afirmó que cualquier instalación regional que colabore con una ofensiva será considerada un “objetivo legítimo” y prometió una respuesta “dolorosa”.
La tensión se intensificó después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara públicamente que “la ayuda está en camino” para los manifestantes iraníes, manteniendo abierta la posibilidad de una acción militar. De manera paralela, fuentes diplomáticas reportaron la evacuación preventiva de personal estadounidense de la base aérea Al Udeid, ubicada en Qatar, como parte de los protocolos de seguridad ante un posible escenario de confrontación directa.
El escenario externo coincide con un endurecimiento de la represión interna en Irán. El jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, anunció la implementación de juicios acelerados contra personas detenidas durante las protestas, bajo cargos de moharebeh o “guerra contra Dios”, una figura legal que puede derivar en la pena de muerte.
Organismos internacionales han alertado sobre la posible ejecución inminente de Erfan Soltani, de 26 años, mientras que el régimen iraní reconoció por primera vez una cifra oficial de 2 mil muertos desde el inicio de los disturbios. Sin embargo, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) eleva el número a 2 mil 571 fallecidos verificados y reporta más de 10 mil personas detenidas.
La crisis se desarrolla además bajo un apagón digital que supera ya las 132 horas consecutivas, lo que dificulta la verificación independiente de los hechos y refuerza las preocupaciones internacionales sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en un contexto donde la confrontación regional comienza a mostrar señales de militarización abierta.
