Visa revocada complica futuro de Julieta Ramírez

Por Redacción | Baja California, 16 de enero de 2026.

El escrutinio internacional volvió a posarse sobre Morena y, esta vez, con nombre y apellido. La senadora Julieta Ramírez Padilla, representante de Baja California y figura del obradorismo regional, enfrenta versiones persistentes sobre la presunta revocación de su visa estadounidense, un señalamiento que crece mientras ella guarda silencio.

Las versiones, difundidas por periodistas especializados y amplificadas en redes sociales, apuntan a que el gobierno de Estados Unidos habría retirado el permiso de ingreso a la legisladora como parte de una oleada de medidas administrativas que alcanzan a más de 50 políticos de Morena, el grupo ya conocido en círculos políticos como “los desvisados”. Reportes de agencias internacionales como Reuters han documentado este fenómeno como una señal de creciente desconfianza hacia figuras del partido gobernante.

Hasta ahora, Ramírez Padilla no ha confirmado ni desmentido la información. Tampoco ha ofrecido una explicación clara a sus electores. Ese vacío es el que más pesa. Porque en política exterior, el silencio no neutraliza el daño: lo profundiza.

El tema no es menor en un estado fronterizo como Baja California, cuya economía depende del comercio binacional, el turismo, las maquiladoras y la coordinación permanente con autoridades estadounidenses. Una senadora —y eventual aspirante a gobernadora— con problemas migratorios ante Washington no es solo un asunto personal, es un problema de gobernabilidad.

Las versiones señalan que la presunta revocación estaría vinculada a investigaciones en curso del Departamento de Estado, incluso con rumores —hasta ahora no probados— sobre posibles nexos criminales. No hay evidencia pública, pero el solo señalamiento basta para encender alertas. Analistas y comunicadores, tanto en Ciudad de México como en Baja California, han cuestionado directamente a la senadora, subrayando que su mutismo alimenta la percepción de confirmación tácita.

El impacto político sería devastador. Julieta Ramírez ha manifestado abiertamente su interés en competir por la gubernatura en 2027, sucediendo a Marina del Pilar Ávila Olmeda. Sin embargo, en Baja California, un gobernador sin visa estadounidense es visto como un lastre. ¿Cómo negociar acuerdos binacionales, atender crisis fronterizas o representar al estado en foros internacionales si no puede cruzar la línea?

Morena, fiel a su estrategia de cerrar filas, ha minimizado casos similares calificándolos como “especulación opositora”. Pero esa narrativa ignora el costo real en regiones fronterizas. Washington no retira visas por capricho, y cuando lo hace de manera reiterada a perfiles de un mismo partido, el mensaje es político.

En un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado presiones de Estados Unidos y defendido a sus correligionarios, la falta de transparencia resulta aún más grave. Julieta Ramírez, como senadora en funciones, tiene la obligación de aclarar su situación migratoria. De no hacerlo, no solo pone en riesgo su futuro político, sino que erosiona la credibilidad de un partido que prometió transformación y hoy aparece atrapado en sombras transfronterizas.

Hasta el cierre de esta edición, la legisladora no ha respondido a solicitudes de comentario.