Por Redacción | Nueva York, 18 de febrero de 2026.
Internacional.– La Fiscalía de Estados Unidos presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una acusación formal contra Nicolás Maduro, a quien señala de haber facilitado la venta de pasaportes diplomáticos venezolanos a integrantes de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, con el objetivo de garantizar el traslado de cocaína hacia territorio estadounidense.
El escrito, de 25 páginas y elaborado por el Departamento de Justicia, ubica los hechos entre 2006 y 2008, cuando Maduro se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Hugo Chávez. Según la imputación, los documentos diplomáticos habrían otorgado facilidades e inmunidad a operadores vinculados al narcotráfico para movilizar cargamentos y recursos asociados a la estructura criminal.
La acusación sostiene que ambos cárteles mexicanos operaban como socios del denominado “Cártel de los Soles”, una red que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, involucró a altos mandos del régimen venezolano entre 1999 y 2019. En ese esquema, la droga procesada en Colombia y Venezuela era enviada por rutas marítimas y aéreas a través del Caribe y Centroamérica —con escalas en Honduras y Guatemala— hasta llegar a México, desde donde cruzaba hacia Estados Unidos.
El documento también menciona a Diosdado Cabello, actual ministro del Interior venezolano, a quien señala de presuntamente haber recibido sobornos para facilitar el tránsito de cargamentos hacia México. Asimismo, refiere vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos, como parte del financiamiento de laboratorios en Colombia cuya producción tenía como destino final el mercado estadounidense.
Más allá de los señalamientos individuales, la Fiscalía describe a México como una plataforma logística, marítima y financiera dentro de la red. Aunque no se formulan cargos contra exmandatarios mexicanos, el periodo investigado abarca de 1999 a 2019, lo que coincide con cinco administraciones federales en ese país. El expediente apunta a un entorno de corrupción que habría permitido la operación sostenida de las rutas de tráfico durante dos décadas.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la comparecencia de los acusados ante la justicia estadounidense. El caso podría escalar en el plano diplomático, especialmente si se abren nuevas líneas de cooperación o declaraciones judiciales que involucren a otros actores regionales.
La acusación coloca nuevamente bajo escrutinio internacional a la dirigencia venezolana y reaviva el debate sobre la dimensión transnacional del narcotráfico en América Latina, así como los mecanismos de protección política que, según la Fiscalía, hicieron posible la operación descrita.
