México.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el 11 de abril los resultados de la investigación tras el incendio que sufrió un albergue de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La FGR señaló que obtuvo órdenes de aprehensión y vinculación a proceso en contra de cinco individuos, de los cuales tres son servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), una es empleada de la empresa de seguridad privada que operaba en ese momento y una más que inició el fuego.
La Fiscalía General de la República expresó que se procedió penalmente en contra de Francisco “N” y Antonio “N”, ya que fueron responsables de presuntas conductas delictivas al infringir con la protección de las personas e instalaciones que tenían a su cargo.
De igual manera se procedió en contra de los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, ya que tienen vinculación directa con las conductas que generaron los homicidios y lesiones de víctimas del hecho.
La investigación de la fiscalía estuvo dirigida en dos vertientes, la primera en el ámbito de la empresa de seguridad privada que actuaba en el momento de la tragedia y la segunda en relación al INM como “un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional”, mencionó la FGR.
Durante la investigación de antecedentes, se informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó un patrón de conducta después que el 31 de marzo del 2020 se incendiara un centro migratorio del INM en Tenosique, Tabasco, hecho similar al que se suscitó el 27 de marzo en Juárez.
El modelo de medidas de seguridad indispensables y obligatorias en estas situaciones que recomendó la CNDH fueron totalmente omitidas por los responsables del incendio en el albergue de Ciudad Juárez, informó la FGR.
En los datos que presentó el órgano constitucional autónomo, se señaló que tanto la empresa de seguridad privada como el INM suscribieron contratos por adjudicación directa (“un procedimiento que se realiza sin puesta en concurrencia y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad” menciona el Gobierno de México).
Al firmar estos contratos, ambas partes omitieron las obligaciones de licitación pública, “procedimiento de contratación que garantiza como regla general la obtención de las mejores condiciones de contratación”, de acuerdo con la política general de contrataciones públicas.
“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”, mencionó la FGR.
La investigación continuará sobre estos aspectos antes mencionados por parte de la fiscalía, con el fin de vincular a proceso a los responsables, recalcó la FGR.
