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Política

Denuncias de abuso sexual y sus consecuencias: el caso del precandidato a la alcaldía de Tijuana

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Tijuana, Baja California.- La activista y defensora de los derechos de las mujeres, Viridiana Román, ha sacudido la esfera política al exponer públicamente las denuncias presentadas en contra de un precandidato a la alcaldía de Tijuana. Las acusaciones incluyen abuso sexual y hostigamiento sexual, y han sido ampliamente difundidas en las redes sociales.

Román, a través de su fundación CEMUJER, entregó formalmente las denuncias a la Presidencia de la República y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Además, informó a la gobernadora del estado sobre las graves acusaciones que pesan sobre el precandidato.

El escándalo en torno a esta figura política se intensifica día a día, con más detalles emergiendo a la luz. Si el precandidato resulta culpable y es sentenciado por un juez, su carrera pública podría quedar irremediablemente truncada. Esto se debe, en parte, a la reforma constitucional del 29 de abril de 2023, que modificó los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Artículo 38, en su fracción VII, establece que una persona no puede ser registrada como candidata para ningún cargo de elección popular ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público si cumple con ciertos criterios, entre ellos:

Sentencia firme por la comisión intencional de delitos que afectan la vida, la integridad corporal y la libertad sexual.

En el caso del precandidato, estas acusaciones podrían tener consecuencias devastadoras. Si se le encuentra culpable, enfrentaría la pérdida de derechos políticos y la imposibilidad de ocupar cargos públicos. Además, la sociedad cuestionaría su integridad y capacidad para liderar, lo que podría afectar gravemente su reputación y trayectoria profesional.

La pregunta que surge es: ¿puede una persona con tales señalamientos representar de manera efectiva a la ciudadanía? Los riesgos son evidentes: desde la erosión de la confianza pública hasta la parálisis de su carrera política. 

La sociedad exige responsabilidad y transparencia en la política, y este caso no es la excepción. La sombra de las acusaciones se cierne sobre el precandidato, y solo el tiempo y la justicia dirán cuál será su destino.

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