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OpinologaCiudad de México.- La seguridad de los candidatos para las elecciones de 2024 en México ha cobrado mayor relevancia con los homicidios de almenos 33 personas en la esfera política, entre los que se encuentran aspirantes a asumir algún cargo.
El temor de que la ola de violencia convierta a estas elecciones como las más violentas de la historia del país, ha llevado a que a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) procese al rededor de 23 solicitudes de protección presentadas hasta el momento.
La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, detalló que este número abarca a candidatos a la presidencia, gobernadores, senadores y diputados federales.
El protocolo de seguridad acordado entre la SSPC y el Instituto Nacional Electoral (INE) establece que este último recibirá las solicitudes y comunicará a la Secretaría de Seguridad para coordinar el apoyo de la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La SSPC responderá al INE sobre la disposición del servicio y, en colaboración con la Sedena, GN y apoyo de la Secretaría de Gobernación, brindarán y supervisarán el servicio de seguridad según el nivel de riesgo identificado.
De las 23 solicitudes, se reveló que hasta ahora, siete candidatos han recibido medidas de seguridad, mientras que las 14 restantes están pendientes. A partir del 5 de marzo, siete candidatos comenzarán a recibir medidas de protección. Estos son los datos que reveló la Titular de la Secretaria:
Rosa Icela Rodríguez subrayó la importancia de asegurar que el proceso electoral transcurra con paz y tranquilidad, especialmente en medio de un contexto de violencia que ha cobrado la vida de al menos 15 candidatos. La identidad de los candidatos bajo protección se mantiene confidencial, según el acuerdo con el INE.
Cabe destacar que, aunque el gobierno federal se encargará de la seguridad de los candidatos federales, la responsabilidad de la seguridad de los candidatos locales recae en los gobiernos estatales y municipales. La SSPC indicó que se revisará la posibilidad de que las autoridades federales asuman la protección en casos donde los gobiernos locales no puedan garantizarla.
La situación refleja la preocupación por la seguridad de los participantes en el proceso electoral, destacando la necesidad de medidas para salvaguardar la integridad de los candidatos y promover un ambiente de elecciones libres y justas.
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