México.- En México, la paternidad y su falta de ella es un tema relevante y diverso, un desafío que ha persistido a lo largo de generaciones y sigue siendo un tema crucial en la sociedad mexicana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su censo del 2020, al rededor de 4 millones 180 mil hogares en el país tienen padres ausentes. Esto significa que más de 4 millones de familias dependen del ingreso económico de una madre soltera.
La ausencia paterna afecta a muchos hogares, y es importante reconocer su impacto en la sociedad mexicana. Por ello la activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez Ruiz, madre de la niña Sabina, ha luchado por al menos 20 años para que exista una legislación que ayude a las mujeres jefas de familia, logrando así establecer la Ley Sabina, una reforma que busca fortalecer la obligación de cumplir con las pensiones alimenticias en México, misma que fue aprobada por el Senado de la República el pasado 22 de marzo.
La iniciativa tiene como objetivo principal garantizar que los padres o tutores que adeuden pensiones alimenticias sean incluidos en un Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
La activista Vásquez Ruiz inició este camino que hoy beneficia a las mujeres de todo el país con una petición para que su expareja reconociera su paternidad y asumiera sus responsabilidades económicas. La Ley Sabina fue aprobada después de permanecer congelada durante casi dos décadas.
La Ley Sabina contempla que los deudores presentar un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para realizar trámites como obtener licencias y permisos para conducir, pasaportes, participar como candidato en elecciones, y realizar trámites ante Notario Público, como la compraventa de inmuebles o solicitudes de matrimonio.
Uno de los aspectos más relevantes de la Ley Sabina es la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, un padrón que incluirá a las personas consideradas como deudores alimentarios morosos. Estos son aquellos que han dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias durante tres meses consecutivos o cinco de forma alternada.
Este registro será público y administrado por los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y de la Ciudad de México. También se integrará con el apoyo de los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF. Las personas que no cumplan con sus obligaciones alimentarias durante 90 días serán incluidas en este registro.
Además, impone restricciones migratorias para los deudores alimentarios morosos, evitando que puedan salir del país cuando existan pruebas que indiquen un riesgo significativo de evasión del pago de la deuda alimentaria.
Aunque la Ley Sabina ha sido aprobada en el Congreso, su aplicación a nivel nacional aún está pendiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez publicada, las autoridades tendrán 300 días para su implementación. Se espera que los Congresos locales y los Tribunales Superiores de Justicia armonicen su marco jurídico para cumplir con las disposiciones de esta ley.
A pesar de la aprobación, la activista Diana Luz Vásquez Ruiz señala algunas lagunas en la ley, como la competencia de la Secretaría de Gobernación en lugar del DIF Nacional para operar el registro y la necesidad de reducir el tiempo para considerar a alguien como deudor alimentario de 90 a 30 días.
