Guerrero.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el viernes el fallecimiento de uno de los dos estudiantes detenidos por policías en el estado de Guerrero. La fiscalía general del Estado había informado previamente sobre la muerte, indicando que se inició una carpeta de investigación por homicidio calificado.
El estudiante de la normal rural de Ayotzinapa perdió la vida en un retén de revisión de carros robados de la Policía Estatal en la salida hacia el municipio de Tixtla la noche del jueves. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero afirmó que los normalistas viajaban en una camioneta con reporte de robo, y al recibir a los agentes con disparos de arma de fuego, la policía repelió la agresión. El enfrentamiento resultó en la muerte de un estudiante y la detención de otro, identificado como Osiel “N” de 22 años.
En el interior del vehículo, la Policía Estatal encontró un arma de fuego corta, cartuchos útiles y sustancias cristalinas, según informó la dependencia. Este incidente desencadenó la indignación de los estudiantes de Ayotzinapa, quienes tomaron una patrulla de la Policía Estatal en Chilpancingo y la incendiaron en protesta por el crimen. Posteriormente, quemaron otra patrulla en la salida al norte de Chilpancingo.
El Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia “Minerva Bello” confirmó el asesinato del estudiante y exigió el esclarecimiento de los hechos, así como la detención de los agentes involucrados. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Rolando Solano Rivera, y el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, confirmaron la muerte y detención durante una conferencia de prensa, prometiendo que no habrá impunidad y se investigará el caso.
Este trágico suceso revive la tensión en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, un caso que generó indignación a nivel nacional e internacional. Las autoridades actuales aseguran que no habrá impunidad, pero la comunidad exige respuestas claras y justicia ante lo que consideran un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Estatal. La situación en Guerrero plantea interrogantes sobre el actuar de las autoridades en relación con la seguridad y el respeto a los derechos humanos, alimentando el llamado a una investigación transparente y exhaustiva.
