Tijuana, Baja California.- El que a buen árbol se arrima.. el ESTADO lo cobija, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE BC), nacido un 15 de diciembre de 1994, se erige como guardián de la democracia. Con la misión sagrada de organizar elecciones, este ente público se desempeña con autonomía y toma decisiones con la independencia de un águila en vuelo, aunque hoy sus alas parecen estar atadas por compromisos actuales.
Como maestro de ceremonias en la fiesta de la democracia, el IEE BC vela por la elección de gobernadores, alcaldes y diputados locales, portando la antorcha de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Aunque, como cualquier mortal, incluso los consejeros con títulos grandilocuentes no están exentos de errar bajo su amplia sombra.
En el 2022 un giro inesperado se presentó cuando el representante de Movimiento Ciudadano, como un caballero en busca de justicia, inició un procedimiento penal contra cuatro consejeros, dos ex consejos y dos funcionarios del IEE BC. La acusación: el presunto incumplimiento del artículo 8, Fracción II de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que reza: “no cumplir, sin justificación, con las obligaciones del cargo, dañando el proceso electoral”.
Además, se les acusó de violar el artículo 7, Fracción XI, que prohíbe “apoderarse, destruir, alterar, poseer, usar, adquirir, vender o suministrar ilegalmente, en cualquier momento, materiales o documentos electorales públicos”. La candidata del PES fue la afectada directamente, pero fue Movimiento Ciudadano quien levantó la espada de la denuncia ante estas acciones cuestionables.
Sin embargo, el juez de Control Gerardo Anguiano Ceja, como un árbitro en un juego de ajedrez, declaró improcedente la solicitud de vinculación a proceso, señalando que no se cumplió con el requisito de procedencia y apuntando errores cometidos por la Fiscalía Electoral.
La denuncia, que incluía tanto a consejeros como a funcionarios, fue criticada por no individualizar a los acusados, un paso que la fiscalía omitió antes de que se dictara la no vinculación a proceso. El juez dictaminó que se debía cumplir con este requisito para avanzar en el procedimiento. Así, el proceso fue descartado como una hoja llevada por el viento.
A pesar de que la Fiscalía defendió su postura, argumentando que se trataba de un delito del fuero común dentro de su jurisdicción, el juez no les concedió la victoria.
Errores o favores, estos eventos van tejiendo una trama que se desvelará con el tiempo, y es que pronto revelaremos una serie de acciones que ponen en tela de juicio la reputación de este noble instituto.
