Ciudad de México.- Sabemos que el primer debate presidencial, estuvo lleno de todo menos de propuestas. Los ataques constantes entre sus candidatos no pararon durante las dos horas que duró la transmisión, dejando no solo al electorado con más dudas que respuestas, también con un amargo sabor de boca al ver que las únicas opciones para ser votadas son estas tres personas que no tienen la mínima intención de convencerlos para ejercer el derecho electoral a su favor.
Entre gritos y reclamos, Xóchitl intentó poner distancia entre ella y la coalición que abandera desde el primer momento, pues sabe que tanto el PAN, como el PRI y y PRD no han podido limpiar su imagen más limpia y especialmente en las últimas semanas han sido el centro de una conversación discriminatoria.
El viernes 5 de abril se votó para prohibir las terapias de conversión, votación a la cual la bancada del PAN (en unanimidad) decidió posicionarse en contra. Tema al que Xóchitl Gálvez le dedicó varias publicaciones en sus redes, posicionándose a favor de la comunidad, dando a entender así que le pesa que la comunidad LGBT+ la vea como enemiga y es que el electorado de esta comunidad es cada vez mayor. Sheinbaum no se quedó atrás, y durante el debate, con tibieza, tocó los temas referentes a los derechos de las personas trans y la comunidad.
Las candidatas ni de aquí y ni de allá, ¿fue esto algo positivo? Es verdad que han pasado 24 años de la contienda electoral en donde se utilizaban términos homofóbicos abiertamente en los espacios del IFE en ese entonces.
Más allá de ver una contienda en donde bajo el ‘mariquita’ o “chaparrito La Vestida”, estamos en año en el cual el Instituto Electoral decidió que es un tema lo suficiente relevante, y que en el contexto actual hablar sobre los derechos de las personas LGBT+ es de relevancia nacional.
El electorado LGBT+ ha tomado fuerza en la última década, ya no estamos en el 1997, en donde fue noticia y motivo de controversia que Patria Jiménez fuera la primera persona abiertamente lesbiana ocupara un curul en el Congreso Federal. En pleno 2024, son cerca de 5 millones de personas que se identifican como miembros de alguna disidencia sexual, cifra de seis dígitos que sin duda marca un porcentaje en la contienda electoral, una sexta parte del total de votantes de AMLO en 2018.
Crece aún más la cifra si se contempla a todas las personas que no son LGBT+ pero simpatizan con la causa, y más aún, si se considera que lo que sucede en redes sociales marca una realidad que es vista con lupa, donde un error y la conversación en torno al candidato puede tornarse en su contra.
La sexualidad ya está inscrita tanto en las relaciones de poder como en la política (Foucault, et al.); querer separarlos o proponer “depolitización” es en sí misma una postura política. El avance y la conquista de derechos humanos por parte de la sociedad civil obliga a los políticos a voltear a ver los sectores que en algún momento fueron completamente excluidos de la agenda pública.
Aunque actualmente la comunidad sea solo vista como un porcentaje de votación, más allá de una población que necesita ser atendida por medio de políticas públicas, la lucha por este espacio va a continuar hasta el momento en el que no se vea como un discurso forzado para cumplir con un lobby político.
