¿Qué está pasando con la prisión preventiva oficiosa en México?

Ciudad de México.- La reciente discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa ha generado un intenso debate sobre sus posibles repercusiones en el sistema de justicia mexicano. 

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló por la tarde del 16 de abril que alrededor de 68 mil personas podrían quedar en libertad si esta medida cautelar es eliminada, una cifra que ha suscitado preocupación y análisis por parte de expertos en la materia.

Por ello el Gabinete de Seguridad envió una carta a los ministros de la SCJN advirtiendo sobre las posibles consecuencias de eliminar la prisión preventiva oficiosa, destacando que entidades como el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Michoacán y Puebla serían las más afectadas por esta medida, con miles de casos registrados bajo esta figura.

Uno de los principales argumentos esgrimidos a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa es la protección de víctimas y la población en general, así como la necesidad de evitar una carga excesiva de trabajo para las fiscalías y juzgados.

Sin embargo, especialistas consultados han señalado que la eliminación de esta medida no implicaría una liberación automática de todos los detenidos bajo prisión preventiva oficiosa. Cada caso debería ser revisado individualmente por los jueces o tribunales para determinar si la persona sigue detenida o se aplica otra medida cautelar. Se ha destacado que existen otras opciones, como la prisión preventiva justificada y otras 13 medidas cautelares, que podrían ser aplicadas según las circunstancias de cada caso.

El proyecto corre a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en respuesta a la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que se derivó del caso García Rodríguez y otros vs México, en el cual se destaca que a Daniel García García y Jaime Martínez, se les mantuvo en prisión por 17 años sin ninguna sentencia, además el caso estuvo repleto de violaciones al proceso y a los derechos humanos, pero que se mantuvieron encarcelados gracias a la prisión preventiva oficiosa. Como ellos organizaciones señalan que miles de mexicanos se encuentran en esta situación, en algunos casos por los escasos recursos con los que cuentan para acceder a una defensa en el sistema de justicia.

Por otra parte se ha cuestionado la precisión de los datos presentados, con discrepancias sobre la cantidad real de personas afectadas por esta medida. La falta de una justicia eficiente y expedita en México ha sido un tema recurrente, con críticas tanto al Poder Judicial como al Ejecutivo por la situación actual del sistema de justicia. Apuntando así a las críticas al Gobierno Federal por exagerar las consecuencias que además no se tendrían.

La prisión preventiva oficiosa se aplica para delitos como el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, la trata de personas, el uso de programas sociales con fines electorales y los actos de corrupción encaminados al enriquecimiento ilícito. Sin embargo en años reciente ese catálogo de delitos se extendió ampliamente este sexenio mediante una reforma impulsada por Morena.

Se ha destacado la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia de todas las personas involucradas en procesos judiciales, así como la importancia de fortalecer el sistema de justicia para garantizar una aplicación efectiva de la ley.

“Si se quita la prisión preventiva oficiosa, persistiría la prisión preventiva justificada. Lo que pasa es que no quieren demostrar por qué alguien merece estar en la cárcel. Quieren operar con base en prejuicios, apelando a los miedos de las personas”, refirió Estefanía Vela, directora de Intersecta.

Así mismo el periodista Diego Petersen apuntó que si bien es cierto que gran parte de la responsabilidad, de la falta de una justicia eficiente tiene que ver con el Poder Judicial federal y los poderes judiciales de los Estados. La otra mitad es un problema de los poderes ejecutivos responsables incapaces de investigar un delito. Y mencionó que los Estados que tienen más personas en las cárceles por prisión preventiva sean los que menos presupuesto han destinado a la justicia y menos policías ministeriales tienen.

La eliminación de la prisión preventiva oficiosa podría tener implicaciones significativas en el sistema de justicia mexicano, pero es importante privilegiar la protección de los derechos humanos y el acceso a una justicia equitativa y eficiente deben ser prioritarios en cualquier discusión sobre reformas al sistema judicial.

“De ninguna manera implica una liberación o exoneración masiva –como lo infirió de manera irresponsable el día de hoy la Secretaría de Gobernación– sino todo lo contrario (…) en vez de aplicar la prisión preventiva a raja tabla, dicho proceso debe ser en una audiencia pública donde se analicen los datos objetivos”, explica el comunicado difundido por el colectivo de abogados Pena sin Culpa.