Tijuana, Baja California.- Esta mañana, alrededor de 80 docentes y trabajadores de los planteles escolares del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE) se reunieron en las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ubicadas en Plaza Patria, para exigir sus derechos laborales. Entre las demandas más urgentes se encuentran la seguridad social y una jubilación digna.
Desde hace 12 años, estos trabajadores han presentado más de 25 demandas, reclamando la falta de seguro médico, el no reconocimiento de su antigüedad y la carencia de jubilaciones justas. A pesar de los esfuerzos, las soluciones han sido limitadas y no satisfactorias.
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El nuevo convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Baja California (ISSSTECALI) solo reconoce la antigüedad laboral generada desde 2016. Sin embargo, muchos empleados han dedicado más de 10, 15 y hasta 30 años a la institución, lo que ha generado una gran inconformidad entre los afectados.
Esta situación ha llevado a que personas de la tercera edad continúen trabajando, ya que no pueden acceder a una jubilación justa. Al menos 10 trabajadores de edad avanzada se encuentran en esta situación, lo que pone de manifiesto la urgencia de una solución adecuada.
María de Jesús Guerrero, docente de CECYTE Pacífico, destacó la magnitud del problema, señalando que cerca de 2000 empleados en todo el estado enfrentan la incertidumbre de no contar con una jubilación digna y seguro médico.
“Ya hemos estado con las autoridades, dijeron que nos iban a dar respuesta, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna garantía. Somos todos los CECYTE del estado con la misma problemática, por eso estamos aquí haciendo lo que corresponde”, comentó Guerrero.
América González, también docente de CECYTE Pacífico, reiteró que el convenio actual con ISSSTECALI solo respeta la antigüedad desde 2016, ignorando a aquellos que han trabajado en la institución por casi tres décadas.
Los docentes y trabajadores continúan esperando una respuesta concreta de las autoridades que garantice el respeto a sus derechos laborales y una solución definitiva a sus demandas.
