Internacional.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha lanzado un contundente ultimátum a la gigante aeronáutica Boeing, ofreciendo un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio por fraude relacionado con dos trágicos accidentes aéreos que cobraron la vida de 346 personas en 2018 y 2019. Esta medida responde a las crecientes críticas y demandas de justicia por parte de las familias de las víctimas y a los continuos problemas de seguridad que persiguen a la empresa.
El 29 de octubre de 2018, un Boeing 737 MAX operado por Lion Air se estrelló poco después de despegar, resultando en la muerte de las 189 personas a bordo. Apenas cinco meses después, el 10 de marzo de 2019, otro 737 MAX de Ethiopian Airlines sufrió un destino similar, causando la muerte de sus 157 pasajeros y tripulantes. Estos accidentes desataron una crisis global, llevando a la prohibición de los vuelos de este modelo durante casi dos años y desatando investigaciones exhaustivas sobre la seguridad y los procedimientos de certificación de Boeing.
Según fuentes de medios estadounidenses, el acuerdo de culpabilidad propuesto por el Departamento de Justicia incluye una multa significativa, un período de prueba de tres años y la supervisión de Boeing por parte de una entidad externa. La multinacional tiene hasta finales de esta semana para aceptar este acuerdo, que se considera no negociable. De ser rechazado, la compañía enfrentaría un juicio penal, un proceso que podría tener consecuencias devastadoras para su reputación y operaciones futuras.
El acuerdo también contempla que la empresa admita haber conspirado para defraudar a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) en relación con la certificación del 737 MAX. La multa económica, según se reporta, sería de 487,2 millones de dólares, aunque Boeing recibiría un crédito por pagos previos relacionados con los accidentes, reduciendo así la pena efectiva. Además, se prevé la realización de reuniones entre el consejo de administración y las familias de las víctimas, en un esfuerzo por abordar las preocupaciones y demandas de los afectados.
Por otra parte, los familiares de las víctimas han expresado una fuerte oposición al acuerdo propuesto, considerándolo insuficiente y un “trato preferencial” que no obliga a la empresa aeronáutica a asumir la responsabilidad plena por las muertes ocurridas. Paul G. Cassell, abogado que representa a las familias, declaró que “la memoria de 346 inocentes asesinados por Boeing exige más justicia que esto”, y prometió que las familias se opondrán vigorosamente al acuerdo.
Erin Applebaum, representante de algunas de las familias, criticó la sanción económica por considerarla insignificante en comparación con el daño causado y aseguró que las familias lucharán contra el acuerdo en los tribunales. Este sentimiento de indignación se ha visto exacerbado por la falta de transparencia y la percepción de que Boeing ha recibido un trato indulgente en el pasado.
La decisión de presentar cargos penales se produce en un momento crítico para Boeing. Recientemente, un panel voló de un nuevo 737 MAX 9 durante un vuelo de Alaska Airlines, destacando los continuos problemas de seguridad y calidad de la empresa. Este incidente ocurrió poco antes de la expiración del acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021, que había protegido a Boeing de ser procesada por los accidentes anteriores.
El escrutinio no solo afecta su reputación sino también su capacidad para obtener contratos gubernamentales, una fuente crucial de ingresos para la compañía. A pesar de las posibles exenciones en ciertas circunstancias, una condena por delito grave podría complicar significativamente su futuro comercial y operacional.
En junio, legisladores estadounidenses interrogaron al director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, sobre el historial de seguridad de la empresa, reflejando una presión creciente para que se tomen medidas más severas. Los abogados de las familias han instado al Departamento de Justicia a imponer una multa que podría alcanzar los 24.780 millones de dólares, subrayando la magnitud del daño y la necesidad de una justicia más equitativa.
