Ciudad de México.- En los últimos meses, se ha revelado una serie de prácticas controvertidas en el manejo de tecnologías de vigilancia por parte de instituciones clave en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han sido acusadas de abusar de sus capacidades tecnológicas para la intervención de comunicaciones, lo que ha suscitado serias preocupaciones sobre la legalidad y la ética de sus acciones.
De acuerdo con la investigación del medio Animal Político, durante la gestión de Ernestina Godoy al frente de la FGJCDMX, entre 2020 y 2021, se llevó a cabo un uso extensivo del software de geolocalización para rastrear la ubicación de teléfonos celulares. Según los datos obtenidos, la Fiscalía realizó 48,767 intervenciones sin contar con la autorización judicial necesaria. Esta práctica contraviene el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige una orden judicial para la geolocalización de dispositivos, salvo en casos de emergencia en los que la vida de una persona esté en riesgo.
La Fiscalía adquirió el software TGR Dashboard a través de contratos con la empresa Arcafa S.A. de C.V., por un monto total de 31 millones 137 mil pesos. Aunque las solicitudes de transparencia revelaron el alto número de intervenciones, la Fiscalía no presentó evidencia de haber obtenido las autorizaciones judiciales requeridas. Además, el uso del software no parece haber resultado en la detención de presuntos delincuentes o el rescate de víctimas, lo que plantea dudas sobre la eficacia y el propósito de estas intervenciones.
El asunto se agravó cuando se descubrió que la Fiscalía había accedido a los registros telefónicos y mensajes de figuras políticas opositoras al gobierno, como el exalcalde Santiago Taboada y la senadora Lilly Téllez. Aunque Ernestina Godoy negó las acusaciones de espionaje político, la controversia ha aumentado la presión sobre su gestión y ha llevado a la oposición a cuestionar su ratificación en el cargo.
Paralelamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo la dirección de Omar García Harfuch, ha sido señalada por el uso del Dispositivo Universal de Extracción Forense (UFED) fabricado por la empresa israelí Cellebrite. Este dispositivo permite desbloquear y extraer datos de teléfonos móviles y computadoras, incluyendo archivos, imágenes y registros telefónicos.
La SSC adquirió varias licencias del UFED desde 2020, sin embargo, no se ha proporcionado información detallada sobre el costo, el proveedor, ni sobre el número de intervenciones realizadas. Aunque la SSC argumenta que estas tecnologías se utilizan para obtener evidencia sobre delitos, la falta de transparencia y la ausencia de autorización judicial para las intervenciones son preocupantes. La Secretaría ha admitido que no tiene competencia para solicitar la intervención de comunicaciones, lo que agrava la falta de claridad sobre la legalidad de su uso.
Luis Fernando García Muñoz, del R3D, ha subrayado que, aunque las fuerzas policiales pueden utilizar tecnologías avanzadas, su uso para extraer datos sin el consentimiento del propietario y sin una orden judicial es cuestionable. La falta de supervisión judicial adecuada y la opacidad en el manejo de estas herramientas tecnológicas destacan la necesidad de una regulación más estricta y mecanismos de control que garanticen la protección de los derechos digitales y la privacidad de los ciudadanos.
