Ciudad Juárez Chihuahua.- El caso salió a la luz en mayo de 2023 cuando Ruth Escareño, madre de una niña de dos años, notó cambios en el comportamiento de su hija y crisis nocturnas.
La madre contó a medios de comunicación que la pequeña empezó a llorar al entrar a la guardería Techo Comunitario, AC, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con número de registro U0499 y ubicada en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tras llevarla al pediatra, se le recomendó acudir a la fiscalía, donde se confirmó el abuso sexual. Desde entonces la maestra Naomy Yamileth Rodríguez Pérez fue identificada como la presunta agresora, acusada de abusar de 26 niños, de entre 43 días de nacidos y dos años y medio.
Padres de las víctimas denunciaron que la respuesta de las autoridades fue tardía y en algunos casos, negligente. La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM) admitió enfrentar una “mafia muy grande” y sospechó que la maestra podría estar vinculada a una red internacional de abuso. “Alguien la está protegiendo” remató la agente del MP.
A pesar de las pruebas y las denuncias, el IMSS y la Fiscalía dejaron operar la guardería con toda normalidad y mantuvieron el caso en secreto, y las audiencias judiciales se han postergado repetidamente, lo que ha retrasado el avance del caso.
La teoría de la red en la que se encuentra la maestra se refuerza debido a que la defensa de la maestra está compuesta por 36 abogados, lo que sugiere un respaldo financiero considerable y ha contribuido a las complicaciones del caso, además tiene el apoyo de una ONG llamada “Proyecto Inocencia” creada para exonerar a personas condenadas injustamente.
Las autoridades no han avanzado significativamente en el proceso judicial y las familias han denunciado la minimización del problema y la falta de apoyo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En total 40 niños y niñas fueron sometidos a exámenes periciales, sin embargo, ha sido complejo porque entre las víctimas hay menores lactantes que no hablan ni caminan. Para tomarles declaración han utilizado un método llamado “Antenas por los Niños”, con un títere cibernético operado por psicólogos.
De acuerdo con Ruth, en un cateo, a la maestra le encontraron cuatro celulares y dos computadoras portátiles con videos que tomaba a los pequeños a los que hacía bailar de manera provocativa, a pesar de que supuestamente las maestras tienen prohibido acceder con celular a la guardería.
La comunidad, especialmente los padres de las víctimas, ha reaccionado con indignación. Han llevado a cabo diversas acciones para buscar justicia, incluyendo la solicitud de intervención de la Comisión de Derechos Humanos y la exposición mediática del caso. A pesar de los esfuerzos, la justicia sigue siendo esquiva.
El caso tomó un giro cuando el 26 de julio se informó del asesinato de César Gaspar Castañeda Candelaria, uno de los abogados defensores de Naomy Yamileth Rodríguez Pérez. El abogado fue asesinado mientras acompañaba a su hijo al trabajo. Este evento ha generado preocupación entre los miembros de la comunidad legal en Ciudad Juárez y ha aumentado las sospechas de que el caso está vinculado a una red más amplia y peligrosa.
Las familias de las víctimas, lideradas por personas como Ruth Escareño, continúan luchando por justicia y visibilidad del caso. Sin embargo, el sistema judicial y las instituciones involucradas deben tomar medidas más efectivas para proteger a los niños, garantizar la transparencia en el proceso judicial y desmantelar cualquier red de complicidad que esté protegiendo a los agresores.
Este caso subraya la necesidad de una reforma profunda en la protección de los derechos de los niños y en la respuesta institucional ante denuncias de abuso. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a estos casos para asegurar que se haga justicia y prevenir futuros abusos.
