Internacional.- Esta semana, la situación legal y personal del expresidente de Argentina, Alberto Fernández, se complicó drásticamente cuando su expareja, Fabiola Yañez, levantó una denuncia por violencia de género. La acusación, presentada ante el juez federal Julián Ercolini, incluye graves cargos de agresión física y amenazas.
Según Yañez, quien ahora reside en España, Fernández la habría maltratado físicamente en múltiples ocasiones durante su tiempo en el cargo, acusaciones que el exmandatario ha negado rotundamente.
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La denuncia se produjo en el contexto de una investigación en curso sobre presunta corrupción durante el mandato de Fernández, específicamente relacionada con irregularidades en la contratación de seguros para la administración pública. Durante el curso de esta investigación, el juez Ercolini ordenó la revisión del teléfono celular de María Cantero, secretaria privada del expresidente, donde se encontraron mensajes y fotografías que sugieren que Fabiola ya había informado de episodios de maltrato mientras era primera dama.
Entre las pruebas halladas se incluyen fotos de Yañez con un ojo morado y hematomas en el brazo, imágenes que se filtraron a la prensa y que fueron publicadas por diversos portales de información.
Además de las fotografías, se ha divulgado una captura de pantalla de una presunta conversación de WhatsApp entre los involucrados. En esta conversación, Yañez le ruega al exmandatario que deje de agredirla, mientras que él, por su parte, menciona sentirse mal físicamente, lo que podría interpretarse como un intento de minimizar o desviar la atención de las acusaciones.
En uno de los mensajes, Yañez expresa su desesperación: “No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada”, dejando en claro el grado de maltrato que asegura haber sufrido.
Fernández, por su parte, ha negado las acusaciones de violencia de género en su contra. En un comunicado, expresó: “La verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa”. Asimismo mencionó que no hará declaraciones mediáticas para proteger la integridad de sus hijos y de la propia Yañez, prefiriendo dejar que la justicia determine la verdad a través de las pruebas y testimonios correspondientes.
Por su parte, Yañez, en su declaración desde Madrid, aseguró que continúa siendo víctima de lo que describió como “terrorismo psicológico” por parte de Fernández, y solicitó medidas de protección adicionales, incluida la prohibición de que Fernández se comunique con ella directamente o a través de terceros, salvo para asuntos relacionados con su hijo en común, Francisco, quien actualmente reside con ella en España.
La denuncia de Yañez ha generado una ola de críticas contra Fernández, tanto de sectores opositores como de figuras del actual gobierno. El presidente en funciones, Javier Milei, utilizó la situación para cuestionar la efectividad de las políticas de género implementadas durante el gobierno del expresidente, refiriéndose a la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad como un ejemplo de “hipocresía progresista”.
En su cuenta de X, Milei comentó: “La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios”.
Desde la izquierda también hubo reacciones contundentes. Ofelia Fernández, exlegisladora porteña y miembro del Frente de Todos, lo calificó como un “psicópata” por haber utilizado el feminismo como una herramienta política mientras, presuntamente, cometía actos de violencia contra su pareja.
En medio de este escándalo, Fernández sigue siendo investigado por el “escándalo de los seguros”, un caso que analiza si el decreto firmado por él en 2021, que obligaba a la administración nacional a contratar seguros a través de Nación Seguros, benefició de manera irregular a intermediarios que cobraron comisiones millonarias. La situación personal y legal del ex mandatario se encuentra en un punto crítico, con la opinión pública dividida y su futuro legal incierto.
