Ciudad de México.- A partir de la medianoche del lunes 19 de agosto, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro indefinido de labores en respuesta a la propuesta de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta movilización se ha extendido a varias entidades del país, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Guerrero, con la participación de miles de empleados que denuncian que la reforma atenta contra la autonomía judicial y los derechos laborales.
En redes sociales, circularon videos que muestran a los trabajadores cerrando simbólicamente las puertas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en San Lázaro, utilizando cadenas y candados, mientras portaban pancartas con mensajes como “Todos somos Poder Judicial” y “Los jueces no hacemos las leyes, las aplicamos”. La manifestación es una respuesta directa a la iniciativa de reforma que, según los trabajadores, busca someter al único contrapeso entre los Poderes de la Unión y amenaza con eliminar la carrera judicial, lo que afectaría gravemente sus derechos.
El paro se inició tras la publicación de un comunicado donde los trabajadores expresan su rechazo a la reforma, afirmando que los foros de discusión sobre el tema fueron una “simulación” y exigiendo la apertura de un diálogo real sobre el contenido de la propuesta. En este contexto, se acordó que solo se atenderán los casos urgentes en materia penal, como aquellos donde esté en juego la libertad o la vida de las personas.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es la eliminación de la carrera judicial para los oficiales, actuarios y secretarios, lo que los manifestantes consideran un ataque directo a la profesionalización y estabilidad laboral en el sector. Además, la reforma propone cambios sustanciales en el proceso de nombramiento y selección de ministros, magistrados y jueces, incluyendo la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 y la implementación de elecciones populares para estos cargos, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores y expertos en derecho sobre la independencia del Poder Judicial.
Patricia Aguilar, ministra y portavoz de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), declaró que la reforma propuesta “borra de un plumazo” los esfuerzos de quienes han dedicado su vida a la carrera judicial en México. En una entrevista con Milenio, Aguilar enfatizó que el dictamen no respeta las necesidades y derechos de los trabajadores, quienes han luchado por garantizar una justicia independiente y de calidad en el país.
A medida que el paro se extiende, la JUFED ha convocado a una votación virtual para decidir si la suspensión de labores se amplía a nivel nacional y de manera indefinida. Se espera que hasta 1,800 trabajadores participen en esta votación, cuyos resultados determinarán el rumbo de las protestas en los próximos días.
El paro, que inicialmente se llevó a cabo en la Ciudad de México, ha sido replicado en otros estados, donde los trabajadores judiciales han cerrado sus oficinas en solidaridad con la protesta. Aunque la SCJN y otros juzgadores federales no han participado activamente en este primer momento, se espera que en las próximas horas se sumen al movimiento.
