Internacional.- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una orden de detención preventiva contra el presidente argentino, Javier Milei, acusándolo de “robo agravado” y otros delitos relacionados con el caso del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero de 2024. La orden, que también incluye a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de Argentina, y a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, fue solicitada por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, el 18 de septiembre.
Según el comunicado oficial del tribunal venezolano, los cargos que enfrenta Milei incluyen, además del robo agravado, delitos como la legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación para delinquir. Estos delitos se relacionan con la entrega de un avión de la aerolínea venezolana Emtrasur a Estados Unidos, un hecho que Saab calificó como un “robo” que no puede quedar impune. El fiscal general también describió a Milei como un “fascista neonazi” y aseguró que el avión estaba destinado a cumplir con misiones humanitarias.
El avión, un Boeing 747-300 de Emtrasur, fue retenido en Argentina en junio de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, bajo sospechas de estar vinculado con actividades terroristas debido a sus tripulantes venezolanos e iraníes, algunos de los cuales fueron detenidos temporalmente. Las autoridades argentinas respondieron a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reclamaba la aeronave por haber sido transferida a Venezuela desde la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por sus presuntos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, considerado por Washington como una organización terrorista.
La relación entre Venezuela y Argentina ya estaba deteriorada antes de este incidente, especialmente tras la reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024, un proceso que Buenos Aires no reconoció debido a las denuncias de fraude por parte de la oposición venezolana. Este deterioro se acentuó con la expulsión mutua de personal diplomático de ambos países y la concesión de refugio por parte de la embajada argentina en Caracas a asesores de la oposición venezolana.
En respuesta a la orden de detención emitida por el tribunal venezolano, el gobierno argentino, a través de su portavoz Manuel Adorni, desestimó las acusaciones, calificándolas de “ridiculez”. Adorni afirmó que en Argentina existe independencia judicial y que la decisión de entregar el avión a Estados Unidos fue tomada por un juez, no por el presidente Milei. También señaló que el gobierno de Venezuela, al ser una dictadura, no comprende la división de poderes.
La situación se complica aún más con las declaraciones de Tarek William Saab, quien sugirió que las acciones de Milei podrían constituir crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. El fiscal general anunció la designación de fiscales especializados para investigar los presuntos abusos cometidos por el presidente argentino, incluyendo el uso de gas pimienta y gas lacrimógeno en la represión de manifestaciones recientes. Estas investigaciones, según Saab, se basan en el principio de justicia universal, que permite perseguir crímenes de lesa humanidad independientemente del lugar donde se cometieron.
