Culiacán Sinaloa.- El trágico fallecimiento de Juan Carlos Sánchez Palacios, abogado de 34 años y trabajador del Ayuntamiento de Culiacán, ha generado conmoción en Sinaloa, despertando indignación y preguntas, no solo por las circunstancias que rodearon su muerte, sino también por la forma en que se ha manejado la información oficial.
La confusión en torno a su muerte y el manejo de los hechos ha sido motivo de controversia desde el inicio. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un primer momento, afirmó en redes sociales que las tres personas abatidas durante el enfrentamiento en el que falleció Sánchez Palacios eran agresores. Sin embargo, en su conferencia del lunes 23 de septiembre, Rocha Moya cambió su postura, señalando que la muerte del abogado podría haber sido un “daño colateral”. Este cambio de versión ha generado molestia entre familiares y conocidos de la víctima, quienes consideran la declaración como una contradicción y exigen que se esclarezcan los hechos. La Fiscalía General de la República (FGR) ha asumido la responsabilidad de la investigación, aunque hasta el momento no se han ofrecido respuestas concluyentes.
Juan Carlos Sánchez Palacios era un abogado dedicado y un padre de familia. El 21 de septiembre, su vida llegó a un trágico final en el sector Tres Ríos, durante un operativo de las fuerzas de seguridad que buscaban detener a un presunto líder criminal. Sánchez Palacios fue abatido mientras intentaba salvar a su esposa e hija, quienes se encontraban en su hogar cuando los gases lacrimógenos empleados por las autoridades comenzaron a afectar a la menor, provocando su intoxicación. En un intento desesperado por protegerlas, salió de su domicilio para evacuar el gas, momento en el que fue abatido por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Según testigos cercanos, Juan Carlos no estaba armado ni involucrado en el enfrentamiento.
Tras el incidente, la familia ha expresado su indignación ante la confusión inicial y la posterior rectificación del gobierno estatal. Rafael Sánchez, hermano de la víctima, ha declarado ante los medios su dolor y frustración por el daño a la imagen de su hermano: “No queremos que se manche el nombre de mi hermano. Era un hombre bueno, un padre de familia”. Sus palabras reflejan la exigencia de justicia y de que se esclarezcan las circunstancias reales de su muerte.
Amigos y compañeros de trabajo también se han sumado al reclamo, utilizando las redes sociales para lamentar la pérdida y denunciar el mal manejo de la información. Uno de ellos escribió: “Me duele saber que lo ponen como una persona que estaba armada cuando solo intentaba proteger a su familia”. Esta percepción de injusticia ha aumentado la presión sobre las autoridades para llevar a cabo una investigación transparente.
El contexto de violencia en Sinaloa, agravado desde el 9 de septiembre por enfrentamientos entre células del Cártel de Sinaloa y las fuerzas de seguridad, fue el escenario en el que Juan Carlos Sánchez Palacios perdió la vida. La FGR sigue adelante con la investigación, mientras la familia del abogado espera respuestas claras que puedan limpiar su nombre y otorgar justicia.
