México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al asumir el cargo el 1 de diciembre de 2018, delineó un ambicioso plan de gobierno que contenía 100 compromisos destinados a transformar a México. Sin embargo, a medida que se acerca el final de su mandato, es crucial evaluar los logros y fracasos de su administración en áreas clave como economía, seguridad, salud e infraestructura.
Una de las promesas más destacadas de AMLO fue aumentar las pensiones para adultos mayores, que pasaron de 1,160 pesos mensuales en 2018 a 3,000 pesos en 2024. Asimismo, se amplió el apoyo a personas con discapacidad, alcanzando a un millón de beneficiarios, aunque solo representando el 16% del total de personas con discapacidad en el país. En 2020, el presidente logró que estos programas sociales se elevaran a rango constitucional, asegurando su continuidad en el tiempo. El presupuesto destinado a estos programas alcanzó los 3 billones 755 mil millones de pesos en 2024, representando el 41% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que muestra un compromiso con el bienestar social.
El aumento del salario mínimo también es un punto positivo en su gestión. Desde 2018, el salario mínimo pasó de 88.13 a 248.93 pesos, lo que representa un incremento del 182.45%. Este aumento ha sido superior a la inflación y ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, a pesar de las preocupaciones de empresarios sobre un posible impacto negativo en el empleo.
Sin embargo, la administración de AMLO ha enfrentado serios desafíos en términos de seguridad y salud. Uno de los compromisos más significativos fue reducir a la mitad los delitos de homicidio doloso y feminicidio en comparación con los niveles de 2018. Sin embargo, los datos de 2023 revelan una reducción del 12% en homicidios dolosos y del 7.3% en feminicidios, cifras que están lejos de las metas establecidas. Además, el uso de un software de espionaje por parte de la Sedena ha suscitado preocupaciones sobre la violación de derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos, contraviniendo las promesas de no espiar a la población.
En el ámbito de la salud, la promesa de garantizar atención médica y medicamentos gratuitos, similar a los sistemas de salud de países nórdicos, ha sido un objetivo difícil de alcanzar. Entre 2019 y 2020, se dejaron de vacunar a 6 millones de niños, lo que provocó un aumento en enfermedades prevenibles. Asimismo, más de 5,000 juicios de amparo se han interpuesto por la falta de medicamentos, lo que refleja una crisis en el sistema de salud pública. El Coneval reportó que la falta de acceso a servicios de salud aumentó de 20.1 millones a 50.4 millones entre 2018 y 2022.
Los proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, también han sido motivo de controversia. Aunque la construcción del Tren Maya se inició y se prevé su inauguración en diciembre de 2023, el costo se disparó de una estimación original de entre 120 y 150 mil millones de pesos a cerca de 500 mil millones de pesos. Además, se han reportado daños ambientales significativos y falta de consultas adecuadas con las comunidades indígenas.
La refinería de Dos Bocas, inaugurada un año después de lo previsto, ha enfrentado retrasos en su producción y un costo que duplica las estimaciones iniciales, pasando de 8 mil millones a 16 mil 816 millones de dólares. Estos proyectos, que fueron presentados como insignias de la administración, han generado dudas sobre la efectividad y sostenibilidad de las políticas de desarrollo.
AMLO prometió erradicar la corrupción y acabar con las adjudicaciones directas en los contratos gubernamentales, pero el caso de Segalmex, que involucra desvíos de más de 17 mil millones de pesos, ha manchado su administración. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las adjudicaciones directas han continuado, con un porcentaje alarmante de 90% en algunos casos. Esto pone en tela de juicio la promesa de una gestión transparente y libre de corrupción.
La relación de AMLO con el Poder Judicial y Legislativo también ha sido problemática. Aunque en su PND se comprometió a no intervenir en las decisiones de estos poderes, sus constantes críticas a las resoluciones de la Corte y su intento de modificar el sistema de elección de ministros han generado tensiones. Aunque se reformó el artículo 108 de la Constitución para permitir el juicio político a un presidente, el proceso sigue siendo complejo y difícil de ejecutar, lo que limita la rendición de cuentas.
