Ciudad de México.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, lanzó una advertencia contundente el pasado jueves 3 de octubre de 2024 durante una sesión del Pleno. Batres expresó que la SCJN podría incurrir en lo que denominó un “golpe de Estado” si acepta someter a control constitucional la reforma al Poder Judicial que ya fue promulgada. Junto con las ministras Loretta Ortíz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, Batres se pronunció en contra de que la SCJN analice las consultas que buscan frenar la implementación de la reforma.
Según Batres, la Corte se adjudicaría facultades que no le corresponden, lo que violaría el principio de supremacía constitucional y la división de poderes. “La Suprema Corte estaría dando un auténtico golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial”, afirmó la ministra durante la sesión.
A pesar de estas objeciones, el Pleno de la SCJN aprobó la consulta para someter a revisión la reforma al Poder Judicial, con ocho votos a favor y tres en contra. La propuesta fue impulsada por jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, quienes han impugnado la reforma argumentando que podría atentar contra la independencia judicial. Entre los ministros que votaron a favor del análisis de la constitucionalidad se encuentran Javier Laynez Potisek, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat y Luis María Aguilar.
En contraste, Batres y sus colegas Esquivel y Ortíz insistieron en que la SCJN no debería intervenir en la reforma, ya que consideran que la Corte carece de facultades para revisar la constitucionalidad de una reforma a la Constitución misma. Batres subrayó que ningún poder puede abstraerse de la órbita en la que la Constitución sitúa su esfera de competencias y advirtió sobre la atribución de “facultades meta constitucionales” a la Corte, lo que, según ella, erosionaría el principio de separación de poderes.
La reforma judicial en cuestión fue promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ya ha sido aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Sin embargo, sigue generando polémica dentro del Poder Judicial, donde varios jueces y magistrados han solicitado suspensiones temporales en su implementación. La ministra Norma Piña Hernández será la encargada de determinar si se concede la suspensión mientras la Corte resuelve el fondo del asunto.
El debate entre los ministros se intensificó cuando el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pidió evitar las descalificaciones personales durante la discusión. Sin embargo, Batres aprovechó la oportunidad para confrontar a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, sobre la existencia de cuentas apócrifas en redes sociales que, según Batres, han sido utilizadas para denostarla sin que la Corte intervenga para desactivarlas. Piña respondió que la Corte está gestionando la eliminación de dichas cuentas, pero que el proceso depende de las plataformas de redes sociales y no del tribunal.
El tema de la reforma judicial ha generado tensiones no solo dentro del Poder Judicial, sino también en el ámbito legislativo y electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya ha iniciado el proceso electoral extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros, programada para el 1 de junio de 2025. Además, la Cámara de Senadores está trabajando en la convocatoria para el registro de candidatos. La presidenta del Senado, Claudia Sheinbaum, ha señalado que la convocatoria se publicará el 15 de octubre de 2024, aunque algunos senadores, como Gerardo Fernández Noroña, han denunciado la falta de cooperación por parte de la SCJN para entregar la información necesaria para el proceso.
