México.- La reciente reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados para ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa ha encendido las alarmas entre juristas y defensores de derechos humanos en México. Leonardo Abarca Jiménez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) en Baja California, calificó la medida como un “retroceso en la protección de los derechos fundamentales”, argumentando que viola la presunción de inocencia y limita el derecho a un debido proceso.
La prisión preventiva oficiosa, que permite encarcelar a personas acusadas sin una sentencia previa, ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Según Abarca Jiménez, la reforma consolida una práctica que ya fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2023, la cual ordenó a México eliminar esta figura. Sin embargo, en lugar de cumplir con dicha sentencia, el Congreso ha decidido ampliarla, lo que constituye un desafío al sistema interamericano de justicia y un menosprecio a las garantías individuales.
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“La presunción de inocencia es un principio esencial en cualquier estado democrático. Con esta reforma, los ciudadanos acusados de delitos incluidos en este catálogo serán privados de su libertad mientras se lleva a cabo su proceso penal, sin que el juez tenga la posibilidad de valorar las circunstancias específicas de cada caso”, advirtió el jurista.
Aunque los promotores de la reforma la justifican como una herramienta para combatir la impunidad y fortalecer la seguridad pública, integrantes de la BMA alertaron sobre los riesgos de abuso del poder judicial y de vulneraciones al estado de derecho. En casos donde exista una justificación concreta, señalaron, la prisión preventiva justificada ya permite a los jueces tomar medidas cautelares para proteger a las víctimas y garantizar el desarrollo del juicio.
Abarca Jiménez enfatizó que la medida no solo contradice estándares internacionales, sino que también podría exacerbar problemas como la sobrepoblación carcelaria y la criminalización de sectores vulnerables. “Es esencial que se priorice un sistema penal que respete las libertades individuales y que la sociedad civil exija un marco de justicia que no sacrifique derechos fundamentales en nombre de una seguridad cuestionable”, concluyó.
La aprobación de esta reforma plantea un desafío para el gobierno mexicano, que ahora enfrenta la presión de cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos mientras intenta justificar esta controvertida medida.
