México.- El magistrado Juan José Olvera López expresó preocupación por la inclusión de personas con antecedentes penales y perfiles sin experiencia en el ámbito judicial en las listas de aspirantes para la elección extraordinaria de 2025 en Guanajuato. Según el magistrado, entre los registrados para ser juez de distrito o magistrado, figuran individuos ligados a Morena y aliados, así como funcionarios municipales, estatales y legislativos que, en su opinión, carecen de relación con la impartición de justicia.
Olvera López calificó esto como un indicio de una posible “justicia de risa” en México si candidatos con poca preparación resultan elegidos. Cuestionó la falta de filtros en el proceso de inscripción, señalando que se permitió el registro mediante correos electrónicos sin control, lo que abrió la puerta a perfiles cuestionables.
Te recomendamos: Baja California otorga pensiones dignas a policías retirados por primera vez
En una conferencia junto a los magistrados Edna Lorena Hernández Granados y Juan Carlos Ramírez Benítez, enfatizaron la necesidad de transparencia en los procesos de selección y criticaron la falta de información pública sobre los aspirantes en los comités de evaluación del Ejecutivo y Legislativo. Según los magistrados, mientras el Poder Judicial implementa estrictos exámenes de conocimientos, los otros poderes no han garantizado criterios de selección claros, lo que podría comprometer la calidad de los futuros juzgadores.
Hernández Granados denunció inconsistencias en las listas, como duplicidad de nombres, y señaló que, aunque el Ejecutivo reportó 18 mil inscritos, en realidad solo hay 11 mil 300 según los datos revisados. Por su parte, Ramírez Benítez cuestionó que la ministra Lenia Batres optara por inscribirse en el comité del Ejecutivo en lugar del Judicial, argumentando que esto refleja una inclinación política más que técnica.
Mientras tanto, en la Asamblea Mexicana de Impartidoras de Justicia, la jueza Juana Fuentes destacó el desafío que enfrentan las asociaciones de juzgadores para garantizar un análisis justo y equilibrado durante el proceso, instando a evitar juicios apresurados o prejuicios en la evaluación de los candidatos.
